Según señala Junts en una nota, el acuerdo conseguido con el Gobierno central permite asegurar el derecho de los ciudadanos a “ser atendidos en catalán por parte de las empresas” y evita la “invasión de competencias propias de la Generalitat de Cataluña gracias a la introducción de una disposición adicional en este sentido”.

Entre las enmiendas acordadas, que se ratificarán próximamente en ponencia, destacan: la formación obligatoria en catalán para los trabajadores de los servicios de atención a la clientela y la sustitución de la obligación de responder como mínimo en castellano por la de hacerlo en la lengua oficial con la que se haya dirigido el cliente a la empresa.

Estas medidas, según Junts, suponen un “cambio de paradigma”, ya que ponen por delante “el derecho del consumidor a ser atendido en catalán sin que esto dependa de la buena voluntad de la empresa o de su ubicación territorial”. Para Junts, la “importancia” del acuerdo se hace palpable al analizar “todas las empresas a las que afectará la nueva ley”.

Esta ley, señaló Junts, afectará a compañías eléctricas, compañías suministradoras de gas y de agua, compañías telefónicas, aeronáuticas, ferroviarias, servicios postales, servicios de comunicación audiovisual de pago, entidades bancarias y servicios financieros, empresas aseguradoras y empresas que presten servicios públicos.

Además, será obligatorio también para empresas de más de 250 trabajadores y empresas de más de 50 millones de euros de facturación anual.