El magistrado se dirigió al Tribunal Constitucional a finales del pasado mes de febrero antes de decidir si debía sancionar a Raimundo H.R., vecino de Las Palmas, quien se negó a participar en un jurado popular.

A juicio de Eduardo de Urbano, obligar a un ciudadano a formar parte de un jurado popular en contra de su voluntad podría conculcr la Carta Magna dado que mientras que la Constitución dice que formar parte de un jurado es "un derecho", la Ley Orgánica que crea la figura del jurado es de rango inferior y ya no habla de un derecho sino de una obligación cuyo incumplimiento puede ser sancionado económicamente.

En declaraciones al periódico local "La Provincia", el magistrado explicó entonces que obligar a un ciudadano a participar en un jurado popular "es algo tan grotesco como obligar a alguien a ser ministro o concejal porque tinen el derecho de serlo".

"El que la constitución garantice determinados derechos como el de reunión, manifestación o el de asociación no significa que se tenga que obligar indefectiblemente al ciudadano de hacerlo", señaló.

En el escrito que ha remitido al Constitucional, Eduardo de Urbano insiste en que estima de dudosa constitucionalidad imponer sanciones por no querer participar en determinados derechos políticos que la Constitución garantiza, pero no obliga a cumplir.