Entre los firmantes del texto se encuentran, según informó Izquierda Unida, su portavoz parlamentario, Enrique Santiago; el coordinador del equipo de esta formación en el Congreso, Juan Moreno; y otros juristas con representación política en el presente o el pasado como el diputado de los Comunes en el Congreso Gerardo Pisarello, la eurodiputada María Eugenia Rodríguez Palop y el exdiputado y actual negociador de Sumar con los partidos independentistas catalanes, Jaume Asens.

La iniciativa, explica IU, "parte del encuentro de diferentes abogadas y abogados, así como de distintos operadores jurídicos, a partir de su preocupación por los ataques a una posible y necesaria Ley de Amnistía, y por la desestabilización de las instituciones democráticas organizada por la derecha, en todas sus vertientes social, política y judicial”. Tienen la intención de remitirlo a las distintas instituciones europeas para que conozcan de primera mano su contenido y puedan comprobar el respaldo y fuerza con la que cuenta.

El texto parte de que "el PP fue fundado por siete ministros de la dictadura franquista, ha votado en contra de todas las iniciativas para condenar la dictadura debatidas en el Pleno del Congreso, y cuando en 1978 el Pleno del Congreso aprobó el dictamen de la Constitución, la mitad de los diputados de la entonces Alianza Popular (hoy PP) no votaron a favor".

Seguidamente, denuncia que "se está tratando de generar artificiosamente un problema jurídico por quienes vulneran la Constitución cada vez que interesa a sus objetivos políticos, incumpliendo el desarrollo de los derechos sociales, incumpliendo los derechos fundamentales de las personas, e instrumentalizando las instituciones de forma partidista, como ocurre con el bloqueo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial desde hace cinco años, manteniendo el órgano que se eligió durante el gobierno de Mariano Rajoy en diciembre de 2013, con mayoría conservadora".

El manifiesto asegura que el CGPJ, "en lugar de asumir su realidad caducada y contraria a la norma, quebrantando su papel institucional, mientras incumple sus obligaciones y plazos para los preceptivos informes sobre proyectos normativos de forma sistemática, o es incapaz de regular la carga de trabajo de la judicatura, realiza posicionamientos políticos ajenos a su función sobre futuribles textos jurídicos y sobre la situación política como si de un partido político se tratase".

Citando ejemplos de indultos y amnistías en España y otros países, los firmantes sostienen que "Los objetivos de las amnistías, según el derecho internacional vigente, son alentar la reconciliación social y contribuir al restablecimiento de las relaciones normales en la vida de un país". Por tanto, atribuye a "pura demagogia que organizaciones de juristas con meros fines partidistas califiquen de trampas procesos normativos aún no iniciados, o definan apocalípticamente como el principio del fin de la democracia, la aprobación de normas en sede parlamentaria, y por mayorías cualificadas".

"La amnistía no supone la despenalización de una conducta, sino la aplicación excepcional de una institución jurídica para normalizar una situación conflictiva, en este caso la normalización de las relaciones entre Cataluña y el resto del Estado tras las tensiones independentistas de la pasada década, tensiones que gracias a los esfuerzos de la sociedad catalana y de la española los últimos años han ido atenuándose, y que podrían desaparecer definitivamente gracias, entre otras medidas, a una posible amnistía", argumentan.

"Estos motivos nos mueven a apoyar públicamente que la mayoría parlamentaria pueda aprobar medidas como una Ley de Amnistía para contribuir a normalizar la situación política entre Cataluña y el Estado. Pedimos que cesen los intentos desestabilizadores y los ataques al normal funcionamiento de las instituciones constitucionales, permitiendo que sean, respectivamente, los procesos parlamentarios y de control constitucional por el Tribunal Constitucional quienes decidan sin presiones ni injerencias sobre la aprobación de leyes y el examen de su constitucionalidad, si correspondiera", concluye el manifiesto.