Así lo expuso el presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del Consejo General de la Abogacía Española, Blas Jesús Imbroda Ortiz, en una entrevista con Servimedia en la que también incidió en la “indeterminación” de la norma respecto a la valoración que se hará del informe policial requerido a los solicitantes.

El informe policial exigido en la regularización no implicará automáticamente la denegación de autorización, tal y como lo recoge el texto del real decreto, pero el abogado considera este punto indeterminado porque se ignora el criterio que se va a seguir para analizar los antecedentes policiales.

En su caso, el presidente de la Asación de Juristas Afroeuropeos, Guillermo Bondyale Oko, aseguró a Servimedia que, aunque este informe no será “determinante jurídicamente” para la denegación de solicitud, lo puede ser “administrativamente” porque dependerá de la “subjetividad” de quien analice las solicitudes y los informes policiales.

Bondyale Oko incidió en que una persona que tenga antecedentes policiales, pero no haya una sentencia o condena firme contra ella, “no tener una consecuencia negativa” por ello porque algo “que no se conoce” aún. Esto podría suponer una vulneración de la presunción de inocencia de las personas. Bondyale Oko considera que el Gobierno redactó la norma de esta forma para evitar que de forma “sistemática” se denieguen solicitudes, algo que ya ocurre en otros procesos de Extranjería.

Imbroda Ortiz dijo también que en los análisis de esos informes se estudian la gravedad de los hechos, los riesgos, y la trayectoria procesal que han podido tener las personas afectadas. En caso de que una persona vea denegada su solicitud por este informe, se deberá “justificar y fundamentar” dicha circunstancia.

“BLOQUEO Y TRABAS”

Por otra parte, la vulnerabilidad es otro de los puntos críticos de esta medida porque ya está generando dudas prácticas y escenas como largas colas de migrantes ante las entidades habilitadas para emitir los informes, situación que puede llegar a un colapso.

El certificado de vulnerabilidad solo se exige a quienes acrediten esa situación en el proceso por la vía del arraigo excepcional. A efectos de esta regularización, se considera que están en situación de vulnerabilidad los extranjeros que, atendiendo a su irregularidad y a las circunstancias personales, socioeconómicas, psicosociales, familiares o habitacionales derivadas de la misma, ven afectadas sus condiciones de vida o el acceso a sus derechos.

La abogada Asociación Profesional de Abogados de Extranjería de Madrid (Apaem), María Mar Cid Velasco, señaló que la exigencia de este informe supone “poner más trabas a los más vulnerables” -quienes no acreditan ni trabajo ni arraigo familiar-, lo cual genera más indefensión.

Asimismo, Cid Velasco criticó que, además de que ya existe colapso para la elaboración de estos informes, también hay un “bloqueo” para emitirlos, principalmente por parte de Servicios Sociales públicos que dependen de administraciones ideológicamente contrarias al Gobierno. En concreto, señaló tener constancia de que los Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid no están emitiendo informes de vulnerabilidad.

La abogada de la Apaem también criticó trabas existentes en entidades sociales privadas que solo certifican la vulnerabilidad a personas afiliadas a sus entidades o con ciertos requisitos, lo cual “entorpece” todo el proceso.

En este sentido, Bondyale Oko señaló que, pese a que no se debe cobrar por los informes de vulnerabilidad, la acotación de las entidades que pueden emitir los informes -refiriéndose a las privadas- genera “cierta corrupción” encubierta.

ANTECEDENTES PENALES

Por otra parte, Imbroda Ortiz explicó que, junto al acceso al certificado de vulnerabilidad, otra de las principales inquietudes de los migrantes interesados son las dificultades para obtener el certificado de antecedentes penales en ciertos países, lo que, dada la urgencia de los plazos, puede impedir la regularización.

Precisamente, la norma establece que, si la persona no logra obtener el informe de antecedentes penales de su país de origen, deberá acreditar que lo ha pedido y la Administración se hará cargo de comprobarlo y de conseguirlo.

En caso de que no se consiga de ninguna forma, la consecuencia será el desistimiento de la solicitud y la imposibilidad de regularizar. Imbroda Ortiz cree que serán los tribunales los que decidirán “si esa denegación es conforme a Derecho”.

Así pues, en un análisis más genérico de la regularización, los abogados coincidieron en que será una medida con impacto positivo y ante la hipótesis de que un tribunal anule el proceso, Imbroda Ortiz concluyó que habría que buscar igualmente una solución para los afectadas porque el Estado “no puede condenar a un colectivo a permanecer en la irregularidad”.