Así lo confirmaron desde el ministerio en un comunicado, en el que destacaron el “clima de cordialidad” en el que se desarrolló la Conferencia Sectorial de la Administración de Justicia, en la que abordaron la tercera y última fase de la implantación de esta norma, que implica la entrada en funcionamiento de cien tribunales de Instancia en Barcelona, Madrid, Zaragoza, Palma o Valladolid. Cuando la convocó el pasado día 12, ya abrió la puerta a una posible prórroga en su activación

En este sentido, acordaron “por unanimidad” que las oficinas judiciales que darán apoyo técnico a todos los tribunales de instancia de las grandes ciudades entrarán en funcionamiento a partir del 31 de diciembre, salvo en Oviedo, Gijón y Avilés, que lo harán el 15 de febrero, “con el fin de permitir a estos partidos judiciales llevar a cabo los últimos ajustes técnicos”.

Al mismo tiempo, Justicia y las comunidades también aprobaron por unanimidad ofrecer “cierta flexibilidad a todos los partidos judiciales”, de tal manera que “la entrada en funcionamiento de los equipos que lo requieran se realizará de forma progresiva en función de las necesidades organizativas y de cargas de trabajo”. Algo que, subrayaron, no afectará, “en ningún caso”, al “servicio público de Justicia que se presta a la ciudadanía”. En todo caso, insisten, “los medios personales y materiales están ya a disposición de los tribunales de instancia”.

En concreto, esta Ley de Eficiencia incluye una “reforma organizativa” con la que los alrededor de 3.900 juzgados unipersonales se transforman en 431 tribunales de Instancia, que se conciben como “órganos colegiados donde los jueces se dividen en secciones especializadas (civil, penal, violencia sobre la mujer, etc.) y cuentan con una única Oficina Judicial de apoyo técnico”. Algo que, remarca el ministerio, “permite una mayor agilidad porque se optimizan recursos, se reparten mejor las cargas de trabajo y se logra una mayor flexibilidad para adaptarse a las necesidades”.

La constitución de estos tribunales de instancia, tal y como marca la norma, se planteó “de manera escalonada” en tres fases, arrancando el 1 de julio de 2025 y finalizando el 31 de diciembre. Y de momento, Justicia destaca que “más de 300” ya han entrado en funcionamiento durante este año “sin incidencias destacables”, pudiendo evaluar los primeros resultados.

RESULTADOS

Entre ellos, que en Andalucía, “la pendencia de los actos de comunicación se ha reducido un 43,8%, en la Comunidad Valenciana un 34% y en las Islas Canarias un 22%”. La media de las siete comunidades de las que disponen de datos es del 36%, aseguran.

Justicia confirma también una "agilización en la ejecución de sentencias", subrayando que en Andalucía, la reducción de las ejecuciones pendientes de admisión alcanza el 69%, mientras que en Castilla-La Mancha es del 55%. En Cataluña y Comunidad Valenciana es del 27% y en la Región de Murcia, del 15%. La media de las comunidades estudiadas es del 30%, detalla con los datos de los tribunales de instancia en funcionamiento desde el 1 de julio facilitados por los secretarios de gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia.

Esta Ley de Eficiencia también incluía otra novedad no exenta de polémica: la obligación de recurrir a los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) en asuntos civiles y mercantiles antes de iniciar cualquier proceso judicial para reducir los litigios y “fomentar la cultura del diálogo entre las partes”.

Según el departamento que dirige Bolaños, “en el tercer trimestre del año se registró un descenso del 30,9% en la cifra de nuevos litigios en la jurisdicción civil en toda España”.