Así lo trasladó este viernes el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes con motivo de la Conferencia Sectorial de Justicia que se celebró esta jornada en Barcelona.

En el comunicado oficial sobre este encuentro, el departamento dirigido por Félix Bolaños cuestionó que los consejeros del PP abandonaran la reunión sin conocer las cifras correspondientes a sus territorios ni detallar sus avances en la aplicación de la nueva normativa. Los representantes autonómicos que abandonaron el encuentro fueron los de Madrid, Galicia, Andalucía, La Rioja, Cantabria, Valencia y Aragón.

Justicia destacó que se mantuvieron en la reunión los consejeros de País Vasco, Cataluña, Canarias, Navarra y Asturias, que decidieron seguir con la convocatoria "en los términos previstos y continuar así trabajando en la mejora del servicio público de Justicia".

Al mismo tiempo, el departamento de Bolaños resaltó que las comunidades que obtendrán mayor ahorro con la Ley de Eficiencia serán Andalucía, con 63 millones; Cataluña, con 55 millones; Madrid, con 47 millones y la Comunidad Valenciana, con 39 millones de euros.

INVERSIÓN HISTÓRICA

Un estudio elaborado por el Ministerio apunta que la creación de nuevas plazas judiciales derivada de la nueva norma tendrá un coste de 86.000 euros, frente a los 400.000 euros que suponía anteriormente al estar vinculada a la implantación de un nuevo juzgado completo.

Además, se han destinado más de 325 millones de euros procedentes de fondos europeos a las comunidades con competencias en Justicia, además de facilitarles soluciones tecnológicas valoradas en 25 millones de euros.

La nueva estructura organizativa transformará los 3.931 juzgados unipersonales en 431 tribunales de instancia, cada uno asistido por una Oficina Judicial, lo que permitirá una mayor especialización de las plazas judiciales ordenadas por secciones.

La implementación del nuevo modelo se realizará de forma progresiva durante 2025, con fechas clave el 1 de julio, el 1 de octubre y el 31 de diciembre para la entrada en funcionamiento de los Tribunales de Instancia.