La línea de defensa del exjefe del Estado se basaba en que la justicia británica reconociera que los hechos sometidos a análisis entre 2012 y 2014 no se circunscribían al ámbito privado. Los jueces dan la razón al emérito, que sólo tendrá que dar cuenta de sus actos a partir de la abdicación.

Larsen presentó en 2020 una demanda civil ante la justicia británica por el supuesto acoso y las presiones que sufrió por parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), según ella, por mandato del monarca. El objetivo era amedrentarla para que no hiciera revelaciones públicas sobre la relación con Juan Carlos I y lograr que le devolviera 65 millones de euros que le había donado con antrioridad.

En un primer momento, el juez acordó que los hechos no tenían que ver con la actividad institucional del emérito, por lo que no le reconoció la inmunidad. Sus abogados presentaron el recurso que ahora se resuelve.

Los abogados de Corinna ha emitido un comunicado en el que aseguran que este reconocimiento tiene una repercusión “muy limitada” y afirman que la resolución del recurso abre las puertas a que la causa “progrese hacia un juicio en el Tribunal Superior de Londres", dado de muchos de los hechos denunciados son posteriores a 2014.