Según informó este jueves el departamento que dirige Félix Bolaños, a los funcionarios que secundaron la protesta se les practicará la correspondiente deducción salarial. Hubo un segundo juez que comunicó su adhesión al paro, pero finalmente se declaró en servicios mínimos, por lo que no se le aplicará ningún descuento en su nómina.

Las cifras oficiales revelan un seguimiento reducido de la protesta, ya que el único juez que secundó el paro representa un 0,01% del total de 6.259 magistrados, mientras que los 28 fiscales suponen apenas un 0,87% de los 3.185 miembros del Ministerio Público.

De los datos facilitados por el Ministerio, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía se desprende que, entre los fiscales que se sumaron a la protesta, 19 lo hicieron durante los tres días, uno durante dos jornadas y ocho únicamente participaron una jornada.

ESCASO IMPACTO DE LA PROTESTA

El Ministerio había solicitado en junio tanto al CGPJ como a la Fiscalía General del Estado que informaran sobre los profesionales que no acudieran a su puesto de trabajo durante las fechas señaladas, con el fin de contabilizar el seguimiento y aplicar las deducciones salariales correspondientes.

A fecha 31 de julio, el CGPJ comunicó no haber recibido ninguna notificación de jueces y magistrados que hubieran realizado el paro, mientras que la Fiscalía confirmó la participación de 28 personas y el Ministerio recibió información directa de dos profesionales.

El derecho a huelga implica la obligación de comunicar la adhesión al organismo pagador, ya que supone la suspensión temporal de la relación laboral, período durante el cual no se percibe salario ni se cotiza a la Seguridad Social.

REFORMA EN MARCHA

La protesta se convocó contra el proyecto de ley para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal, que pretende modernizar el acceso a la judicatura y regularizar la situación de jueces y fiscales sustitutos.

Según el departamento de Bolaños, esta reforma, que se tramita actualmente en el Congreso, es la más importante en cuarenta años. Además, incluye la convocatoria de cerca de 1.500 nuevas plazas en los próximos tres años y la regularización extraordinaria de 1.004 jueces y fiscales sustitutos, de los que un 80% son mujeres.

El proyecto también establece una cuantía mínima equivalente al SMI para las becas SERÉ, para preparar oposiciones, y modifica el sistema de acceso, ya que introduce una prueba escrita anónima para evaluar la capacidad de razonamiento jurídico de los aspirantes.

El pleno del Congreso rechazó el pasado 12 de junio las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox, y la tramitación del proyecto continuará tras el período estival. La iniciativa busca atender los requerimientos de la Comisión Europea y responder a históricas reivindicaciones de la carrera judicial sobre el incremento de efectivos y la modernización del sistema de acceso.