"El proyecto de ley, así como las aportaciones e informes técnicos recabados, se están analizando", apuntaron estas fuentes, al tiempo que subrayaron que el ministerio aún trabaja en "ultimar una redacción jurídicamente impecable del proyecto de ley" que "ofrezca la máxima protección y la máxima seguridad jurídica a las víctimas, tanto si son las madres como si son los menores".

En este sentido, incidieron en que una vez que esa redacción esté ultimada, "el proyecto de ley podrá ser elevado al Consejo de Ministros para su consideración".

De esta forma contestaban a esas quejas llegadas desde la cartera de Sira Rego, que esta mañana anunció que se desmarcaba de la coproponencia de la ley ante la negativa de Justicia a modificar los puntos sobre los que alertaba el movimiento feminista. Y es que, según señalaron, "la tipificación de violencia vicaria que contempla en estos momentos el texto deja a las madres protectoras en una situación de inseguridad jurídica”.

Así, desde Juventud e Infancia pusieron sobre la mesa que las modificaciones que planteaban se centraban, además de en la tipificación, en el régimen de visitas, la patria potestad y el derecho de escucha de niños, niñas y adolescentes. Asuntos que, para este departamento, "son aspectos indispensables para que la ley avance en la garantía de derechos para las víctimas".

En este sentido, tachaban de "inaceptable" que el texto actual seguía permitiendo al agresor mantener contacto con hijos e hijas víctimas de violencia vicaria o de género.

Por su parte, pese al rechazo del departamento de Rego, desde el Ministerio de Igualdad anunciaron que seguían dispuestos a debatir el texto de la norma y señalaron que "la negociación sigue abierta".