En España, el lobo ibérico era una especie protegida en toda España desde el 22 de septiembre de 2021, momento en que entró en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) y dejó de ser cinegética al norte del Duero, con lo que su caza deportiva estaba prohibida desde entonces en todo el país.

Esa situación cambió el pasado 2 de abril, cuando volvió a permitirse la caza deportiva del lobo ibérico al norte del río Duero gracias a la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario.

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ya decidió el pasado junio paralizar cautelarmente la resolución del Gobierno regional y ratificó esa decisión en un auto fechado este martes, donde indica que suspende la caza del lobo aplicando el principio de precaución ambiental por los daños “irreversibles” que se producirían en su población y destacando que la especie se encuentra en un estado de conservación desfavorable en la Península Ibérica.

Recuerda que, pese a los recientes cambios en su estatus legal, el lobo es una especie silvestre de interés comunitario, incluida en el anexo V de la Directiva de Hábitats, y que como tal está protegida.

WWF había solicitado la suspensión de la caza del lobo en la actual temporada cinegética (2025-2026) en Galicia, defendiendo que la obligación de las autoridades es permitir la recuperación de la especie y garantizar su conservación a largo plazo.

“CONSERVACIÓN FRÁGIL”

La organización sostuvo que “la muerte sistemática de ejemplares a través de la actividad cinegética es ilegal”, mientras la población se encuentre en un estado de conservación desfavorable, como ya sentenció el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en julio de 2024.

“El alto tribunal de Galicia vuelve a recordar que el lobo sigue siendo una especie protegida por la legislación europea, con un estado de conservación frágil, que no puede ser gestionado a tiros”, apuntó Luis Suárez, coordinador de conservación de WWF España.

Según el último censo nacional de la especie (2021-2024), elaborado por las comunidades autónomas y coordinado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la población del lobo en España se ha estancado en la última década, con 333 manadas estimadas.

Esa cifra está lejos de las 500 manadas que suponen el ‘umbral de seguridad’ que, según la mejor evidencia científica disponible, permitiría su viabilidad poblacional y genética a largo plazo.

El Tribunal recuerda en su argumentación que, a la hora de considerar el estado de conservación de la especie, no es posible reducir la visión a una determinada región, sino que hay que considerar la escala de toda la población ibérica. En ese sentido, el auto destaca los últimos datos oficiales sobre el retroceso del lobo en Portugal, que tiene una “situación precaria” según el Estado luso.

SIN FRONTERAS

WWF subraya que el lobo no conoce fronteras y matar individuos en Galicia tendría un “impacto inasumible” para la conservación de la especie en las regiones limítrofes de Portugal.

Sobre la pertinencia de adoptar medidas cautelares frente a los posibles daños a la ganadería, el Tribunal sostiene de nuevo que estos daños son indemnizables, por lo que debe primar el principio de precaución ambiental y la protección de la viabilidad de la especie.

WWF acogió con satisfacción el pronunciamiento del alto tribunal de Galicia y confió en que siente las bases para paralizar las muertes de lobo en otras regiones, como La Rioja, Asturias o Cantabria.

“Tras este nuevo revés judicial, pedimos a la Xunta que asuma su responsabilidad en la conservación de la especie, apueste por una gestión basada en la ciencia y renuncie a perseguir y matar al lobo”, recalcó Suárez.

A este respecto, Suárez concluyó: “En vez de seguir prometiendo cabezas de lobos, la Xunta debe actuar de forma efectiva frente a amenazas como el furtivismo, y seguir avanzando en el impulso de medidas de coexistencia entre la especie y la ganadería extensiva”.