El PCE es un programa similar al Plan de Empleo Rural aplicdo Andalucía y Extremadura, compuesto por unos proyectos que presentan los ayuntamientos y que son subvencionados por la Consejería de Trabajo del Gobierno canario, con el fin de emplear a personas que están en el paro.

El conflicto se planteó el pasado verano, al entender los alcaldes socialistas y del Partido Popular que el Gobierno autónomo primaba en las ayudas a las corporaciones gobernadas por Coalición Canaria. Los ayuntamientos socialistas decidieron no firmar el Plan Canario de Empleo propueso y acudieron a los tribunales.

El consejero de Trabajo, Francisco Rodríguez Batllori, de Coalición Canaria, calificó de "prudente" la medida adoptada por el tribunal, pero culpó a los socialistas del incremento del paro en el archipiélago, al retrasarse la entrada en vigor del plan.

Batllori acusó a "algunos miebros del PSOE" de preocuparse más por los enfrentamientos políticos "que por el pan de los trabajadores canarios". Advirtió, además, que esta medida supondrá el despido del 25 por cien delos trabajadores ya contratados por ayuntamientos y cabildos que firmaron los convenios.