Arévalo considera una prueba de esa situación la forma en que el Ministerio de Justicia ha resuelto, después de nueve meses, los recursos de los fiscales de la Audiencia Nacional Eduardo Fungairiño y Maria Dolores Márquez de Prado.

A su juicio, "el Ministerio de Justicia, con esta reslución, demuestra una vez más que el Gobierno es el culpable principal del caótico estado de la justicia en España. El Gobierno resuelve nombramientos de fiscales, asume sus informes y les utiliza en el más perverso sentido favorecedor de lo tendencioso y lo sectario".