Así lo confirmó el departamento que dirige Félix Bolaños en un comunicado, en el que esta medida, que se circunscribe a las comunidades en las que la Administración de Justicia es competencia del Ministerio, forma parte de un "plan más amplio para agilizar el trabajo" en estos centros.

En concreto, Justicia detalla que Baleares es la comunidad que recibirá más refuerzos, con 13 nuevos profesionales. Extremadura recibirá nueve, Castilla-La Mancha y Murcia cuatro cada una y Castilla y León, tres. Su incorporación, añade, se iniciará el próximo mes de julio y supondrá un crecimiento del personal laboral del 15,6%.

Según el ministerio, este refuerzo se incluye en un plan integral para mejorar la "eficiencia" de los institutos de las regiones que no tienen la competencia de Justicia transferida. Su objetivo, incide, es "avanzar en la mejora estructural del personal laboral", garantizando un servicio público "eficaz, de calidad y acorde con la relevancia de su función", que incluye labores como auxiliar a la Administración de Justicia mediante pericias del ámbito de la psicología, trabajo social y educación social en casos de violencia de género y sexual, guarda y custodia o la realización de autopsias judiciales.

Este plan en el que trabaja "desde hace meses" Justicia, incluye medidas organizativas para "mejorar la eficiencia y homogeneidad en la elaboración de las periciales". Entre ellas, destaca un nuevo modelo organizativo "más eficiente y basado en un análisis exhaustivo de las cargas de trabajo", la aplicación de metodologías comunes de intervención y modelos de informes protocolizados y una "mayor colaboración entre distintos institutos de Medicina Legal". Al mismo tiempo, el ministerio pone de relieve que desde hace más de una década colabora con colegios oficiales de psicólogos para garantizar el "adecuado desarrollo" de determinadas actuaciones periciales.

Y concluye mostrando su compromiso con el proceso de "funcionarización" del personal laboral de los institutos, una iniciativa incluida en el proyecto de ley orgánica para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal, actualmente en tramitación parlamentaria.