Así lo confirmaron fuentes del departamento que dirige Félix Bolaños, que detallaron que quienes recibieron a estos europarlamentarios fueron la secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Sofía Puente, y la directora general de Asuntos Constitucionales, Camino Vidal. Ambas se reunieron con Javier Zarzalejos y Jorge Buxadé (España), Alessandro Zan (Italia), Raquel García Hermida-van der Walle (Países Bajos) y Assita Kanko (Bélgica).

En concreto, las mismas fuentes apuntaron que el encuentro se desarrolló en un "tono cordial y constructivo", y que se informó a los miembros de la delegación de los "avances en materia de Estado de derecho".

En este sentido, en lo que se refiere a la "mejora de la Justicia", las dos representantes detallaron, entre otros, cómo "gracias a la Ley de Eficiencia, además de adecuar la estructura judicial a la realidad de la España del siglo XXI, se ha podido llevar a cabo el mayor aumento de planta judicial de la historia con 500 nuevas plazas previstas para 2026". Además, hicieron referencia a la "digitalización como un caso de éxito en la modernización de la Administración de Justicia", poniendo de relieve que España lidera las estadísticas europeas en esta materia y dispone de "iniciativas pioneras, como la Carpeta Justicia y la generalización de las vistas telemáticas".

Mientras, en cuanto a la lucha contra la corrupción, las mismas fuentes confirmaron que se informó a los eurodiputados del anteproyecto de Ley de Integridad Pública aprobado hoy por el Consejo de Ministros en primera vuelta y que forma parte del Plan de Lucha Contra la Corrupción del Gobierno. Una norma, explicaron, que "sitúa a España a la vanguardia de la UE y de la OCDE". Así, detallaron a los europarlamentarios que incluye la creación de una Agencia de Integridad Pública; incorpora al ordenamiento el 'blacklisting', para excluir de la contratación pública a empresas condenadas en firme en casos de corrupción; generaliza el uso de inteligencia artificial y otras herramientas digitales para prevenir, identificar y actuar contra el fraude y la corrupción, y endurece las penas y amplía el plazo de prescripción de delitos relacionados con la corrupción.

Aquí, subrayaron que esta iniciativa se enmarca en "los proyectos de mejora institucional puestos en marcha por el Ejecutivo", particularmente en el marco del Plan de Acción por la Democracia, del que, apuntaron, su "desarrollo es próximo al 70%", y el citado Plan de Lucha contra la Corrupción.

"Todas las medidas contenidas reforzarán el cumplimiento de las recomendaciones más importantes del Informe sobre el Estado de Derecho" que elaborarán, señalaron las citadas fuentes. Y, entre el cumplimiento de estas recomendaciones, destacaron la "renovación y normalización" del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el "aumento de la autonomía" de la Fiscalía General del Estado, con la futura Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal que prevé separar los mandatos del Gobierno y del fiscal general.