Así lo aseguró el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez en el marco de la Conferencia de Alto Nivel ‘No Child is Left Behind: Promoting Child Well-Being and Combating Child Poverty’ celebrada en Nicosia (Chipre) y defendió que “niñas, niños y adolescentes no pueden ser solo beneficiarios de las políticas públicas, si no que tienen derecho a expresar sus opiniones, aportar su experiencia y participar en las decisiones que afectan a sus vidas”.

El departamento explicó que durante el acto, organizado por la Presidencia chipriota del Consejo de la Unión Europea, los Estados miembros de la UE abordaron cómo reforzar la Garantía Infantil Europea y avanzar en políticas públicas capaces de combatir la pobreza infantil desde una perspectiva integral.

En este marco, España defendió “la necesidad de incrementar los recursos europeos destinados a infancia y de consolidar una respuesta común que combine inversión sostenida, cooperación entre administraciones y participación infantil”.

El secretario de Estado de Juventud e Infancia destacó también el papel de esta herramienta para “situar la pobreza infantil en la agenda política europea y reforzar la coordinación entre administraciones, servicios públicos y sociedad civil”. Asimismo, abogó por “avanzar” hacia políticas integradas y preventivas, que permitan acompañar a las familias, reforzar los servicios públicos y actuar sobre las condiciones materiales que condicionan el bienestar infantil.

Pérez también puso el foco en algunos de los principales retos que atraviesan a la infancia en Europa. Entre ellos, destacó el incremento del coste de la vivienda, las condiciones de vida inestables de muchas familias y las desigualdades que afectan de forma específica a niñas y niños con discapacidad, la infancia gitana, la infancia migrante o refugiada y las personas menores de edad que viven en territorios con menos acceso a servicios y oportunidades.

En última instancia, Rubén Pérez trasladó también que el “éxito” de la Garantía Infantil Europea dependerá de mantener una cooperación sólida entre los Estados miembros y de asegurar un compromiso presupuestario suficiente. Para España, invertir en infancia es una condición imprescindible para reforzar la cohesión social, reducir desigualdades y garantizar derechos desde las primeras etapas de la vida.