Sin embargo, cree que resulta difícil aventurar el efecto real de esa sentencia del Juzgado central de Menores en la actuación preventiva de otros padres (los de J.L. fueron declarados "en rebeldía" por el citado tribunal).

"No olvidemos que en el caso consultado se trata de amenazas a un cargo público, hecho enmarcado claramente en la denomiada violencia de persecución, absolutamente inadmisible y respecto a la cual, la educación basada en el respeto y la tolerancia se erige como uno de sus antídotos fundamentales", añadió.

Lo deseable, a juicio del consejero vasco, sería que los progenitores no se planteen estrategias frente a un procedimiento judicial ya en marcha sino "reflexiones en torno a sus propias responsabilidades educativas".

En el caso de J.L., el consejero vasco de Justicia critica el tratamiento que se ha dado al caso n los medios de comunicación. "Una vez más se brinda un tratamiento excepcional a una noticia de forma absolutamente injustificada, puesto que la responsabilidad civil de los padres por infracciones penales cometidas por sus hijos menores de edad es una cuestión regulada por la legislación penal ordinaria (artículo 61.3 de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor) y su aplicación es una práctica habitual de los Juzgados de Menores ordinarios".

"¿Dónde radica entonces la justificación al tratmiento informativo especial que se ha brindado al caso del menor?", se pregunta Azkárraga.

El consejero de Justicia recordó que su departamento ya se pronunció "radicalmente en contra" de la "legislación especial" creada hace dos años para combatir la violencia callejera de los menores de edad.

"Es inadmisible que estos menores reciban el trato `especializado` que recoge la Ley 7/2000 y que supone una discriminación injustificable respecto a otros menores, traducida en ser juzgados por un Tribuna especial, no por el Juez natural; hacer frente a sanciones de una gravedad extrema; cumplir las medidas de internamiento impuestas en centros ubicados en Madrid; no poder revisar su situación de internamiento hasta tener cumplida la mitad de la medida".

"Todas estas circunstancias, referidas a menores de edad, constituyen una situación totalmente inadmisible que este Departamento no se cansará de denunciar, al igual que el silencio y la complicidad de quienes permitene su mantenimiento", explicó Azkáraga.