En referencia a los padres de J.L, condenados a pagar 3005 euros a la concejala del PP en Getxo (Vizcaya) Marisa Arrúe por amenazas reiteradas de su hijo, Azkárraga ha reconocido a Servimedia que la educación empieza en casa "y la sociedad no debe ser ajena a la exigencia de responsabilidad respecto al cumplimiento de sus obligacioes por los progenitores".

Sin embargo, cree que resulta difícil aventurar el efecto real de esa sentencia del Juzgado central de Menores en la actuación preventiva de otros padres (los de J.L. fueron declarados "en rebeldía").

"No olvidemos que en el caso consultado se trata de amenazas a un cargo público, hecho enmarcado claramente en la denominada violencia de persecución, absolutamente inadmisible y respecto a la cual, la educación basada en el respeto y la tolerancia se erige como uno de sus ntídotos fundamentales", añadió.

Lo deseable, a juicio del consejero vasco, sería que los progenitores no se planteen estrategias frente a un procedimiento judicial ya en marcha sino "reflexiones en torno a sus propias responsabilidades educativas".

En el caso de J.L., el consejero vasco de Justicia critica la repercusión que se ha dado al asunto en los medios de comunicación. "Una vez más se brinda un tratamiento excepcional a una noticia de forma absolutamente injustificada, puesto que la resposabilidad civil de los padres por infracciones penales cometidas por sus hijos menores de edad es una cuestión regulada por la legislación penal ordinaria (artículo 61.3 de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor) y su aplicación es una práctica habitual de los Juzgados de Menores ordinarios".

"¿Dónde radica entonces la justificación al tratamiento informativo especial que se ha brindado al caso del menor?", se pregunta Azkárraga.

El consejero de Justicia recordó que su departamento yase pronunció "radicalmente en contra" de la "legislación especial" creada hace dos años para combatir la violencia callejera de los menores de edad.

"Es inadmisible que estos menores reciban el trato `especializado` que recoge la Ley 7/2000 y que supone una discriminación injustificable respecto a otros menores, traducida en ser juzgados por un Tribunal especial, no por el Juez natural; hacer frente a sanciones de una gravedad extrema; cumplir las medidas de internamiento impuestas en centros ubicadosen Madrid; no poder revisar su situación de internamiento hasta tener cumplida la mitad de la medida".

"Todas estas circunstancias, referidas a menores de edad, constituyen una situación totalmente inadmisible que este Departamento no se cansará de denunciar, al igual que el silencio y la complicidad de quienes permitene su mantenimiento", explicó Azkárraga.