Así se recoge en un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que ha sido entregado en la Audiencia Nacional.

En este informe, al que ha tenido acceso Servimedia, se analizan las gestiones que Koldo, Ábalos y Aldama hicieron ante el Gobierno de Canarias para que les pagara los 2,7 millones de euros que les habían vendido en mascarillas para la pandemia. En estas gestiones, estas tres personas contactaron con el que entonces era presidente canario y ahora ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

Según se explica en el informe, “estos contratos de material sanitario, enmarcados temporalmente en la crisis del covid19 en el año 2020, constituirían parte de la razón de ser de la contraprestación mensual de 10.000 euros en efectivo que Víctor de Aldama venía pagando a Koldo, al menos, desde octubre de 2018 (…)”.

“ACCESO” AL MINISTRO

Sería una “suerte de nómina que permitía la petición de favores, desde Víctor de Aldama hacia Koldo, asegurando así la capacidad de actuación del primero en el seno del Mitma”.

Este pago recurrente permitía, por tanto, a Aldama, “tener acceso al propio ministro”. “No en vano, en la declaración que prestó el primero en fecha 21 de noviembre de 2024, reconoció que en varias ocasiones observó cómo, en su presencia, el dinero que entregaba a Koldo se lo repartía con el propio José Luis Ábalos”.

Esta relación económica de dinero en efectivo se mantuvo, al menos, hasta septiembre de 2022. Cabe recordar que, para esa fecha, tanto Ábalos como Koldo llevaban más de ocho meses fuera de la estructura orgánica del Ministerio de Transportes, tras ser acordado el cese del primero en el mes de julio de 2021.

Este patrón, por tanto, comportaría que los pagos realizados por Aldama no se ceñirían a actuaciones concretas, sino que responderían más bien al aseguramiento de su capacidad de influencia para la posterior consecución de un lucro económico personal.