En el recurso presentado por su defensa, García también pide que la causa sea derivada a la Audiencia Nacional una vez que Ábalos ha renunciado a su escaño en el Congreso de los Diputados y ya no ostenta la condición de aforado.

Según el escrito, se han vulnerado los derechos fundamentales del exasesor y cita expresamente el derecho a la tutela judicial efectiva, al juez predeterminado por la ley y a la prueba pertinente. Todos estos argumentos ya fueron esgrimidos ante el Tribunal Supremo, que lo rechazó confirmando la celebración del juicio.

Entiende la defensa de Koldo que las decisiones del Supremo le han generado una situación de “indefensión” para afrontar un juicio que se celebrará en 13 sesiones de mañana y tarde, todas ellas fijadas para el mes de abril, lo que impide a las defensas el análisis profundo de las pruebas que esgrime la acusación. Y menciona expresamente que no se le ha permitido el acceso completo a los datos originales de los teléfonos analizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

García sostiene que los investigadores han hecho una interpretación “sesgada y descontextualizada” de las conversaciones, plantea dudas sobre la cadena de custodia de esas grabaciones e insiste en que las conclusiones de los agentes son erróneas.

Además, el escrito apunta que la investigación sobre el exministro pudo haberse iniciado sin que el Supremo pidiera la autorización del Congreso, condición preceptiva para indagar sobre un aforado, y critica que el acuerdo del empresario Víctor de Aldama con la Fiscalía es “opaco” y le ha reportado beneficios frente al juicio. Ábalos se enfrenta a un petición de 24 años de prisión por parte de la Fiscalía, mientras que para su asesor pide 19 años y medio y para Aldama, siete.