El escrito asegura que la investigación “debe circunscribirse estrictamente a los hechos delictivos por los que se solicitó el Suplicatorio de fecha 19 de diciembre de 2024”, es decir, a los contratos de emergencia suscritos en pandemia para el suministro de material sanitario.

En relación con esos contratos, el instructor podría también investigar la compra por un empresarios de un chalet en Cádiz del que habría disfrutado el exministro, el alquiler con opción a compra de un piso en Castellana o el pago del alquiler del piso en el que vivía Jessica Rodríguez, expareja del Ábalos.

Koldo hace esta petición a las puertas de la comparecencia de Ábalos ante el Supremo tras la que el magistrado ya ha anunciado que revisará las medidas cautelares que se le aplicarán y que podrán terminar en su envío a prisión provisional.

Según la defensa de Koldo, el juez se excede en sus actuaciones, dado que el Congreso dio el pasado 19 de diciembre el suplicatorio para que Ábalos pudiera ser investigado por esos contratos de material sanitario “a cambio de determinados beneficios económicos”.

“La jurisdicción establece que la Cámara autoriza la persecución de unos hechos, no de una persona”, señala la defensa del exasesor que pone en tela de juicio que esa autorización pueda utilizarse “para iniciar una investigación genérica que persiga un 'muestreo' de la vida del investigado en busca de cualquier posible delito”.

A su juicio, “la extensión de la investigación a hechos no autorizados vulnera el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley” y el derecho a la tutela judicial efectiva, razón por la cual solicita la nulidad.