Así lo manifestó Ana Gómez en declaraciones a Servimedia con motivo de una jornada que Asnala desarrollará este lunes para abordar, precisamente, los permisos nuevos que se incorporaron en el Real Decreto-Ley 5/2023 en el que se regularon estos permisos.

El evento ha sido organizado por Asnala, en colaboración con el Colegio de Graduados Sociales de Madrid y con la Asociación de Directivos y Profesionales de Relaciones Laborales (ADiReLab).

El real decreto fue aprobado a comienzos del verano para prorrogar medidas encaminadas a paliar los efectos contra la elevada inflación pero, ante la inminente disolución de las Cortes Generales por la celebración de las elecciones del 23 de julio, el Gobierno introdujo otros contenidos como la aprobación de nuevos permisos.

La presidenta de Asnala explicó que el decreto transpone la Directiva europea en materia de conciliación pero, “como suele ser habitual, se va un poco más allá”. A su juicio, se trata de un texto que “principalmente hay que valorar de forma muy positiva para los trabajadores”, pero no tiene un desarrollo legislativo “muy determinado”, lo que está ocasionando “problemas” en las empresas a la hora de conceder estos permisos, mientras otras lo dan “a su libre albedrío”.

Además, lamentó que el texto se remite, en algunos casos, para el detalle de determinadas cuestiones, al “desarrollo de un posterior reglamento que todavía no se ha producido”.

“Esto está provocando problemas a los trabajadores y a las propias empresas por el malestar que se genera en los sindicatos”, insistió la responsable de Asnala.

Por ello, subrayó que “las leyes salen con defectos legislativos, luego le toca interpretar a los jueces y, mientras tanto, se van acumulando los problemas”.

Este es el caso, por ejemplo, del nuevo permiso de paternidad o maternidad para el cuidado de hijos o menores en situación de acogida, con una duración máxima de ocho semanas, así como del permiso por fallecimiento de un familiar, que ahora no distingue de forma tan clara qué sucede cuando el hecho se produce en un territorio diferente.

Igualmente, Gómez comentó que con la nueva legislación quienes piden teletrabajo por conciliación “están más protegidos” frente a un despido que quien no lo solicita, ya que se equipara este mayor blindaje al que ya existía para quienes tienen una reducción de jornada por causas familiares.