La huelga está convocada por el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (Cnlaj), la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (Ainlaj), y Reclamalaj, la Asociación para la reclamación de los derechos profesionales y adecuación salarial de los Letrados de la Administración de Justicia.

Los letrados reclaman la adecuación salarial y esgrimen que llevan "asumiendo nuevas funciones procesales y responsabilidades desde el año 2009 en Juzgados y Tribunales” constituyendo desde entonces los máximos responsables del impulso y funcionamiento efectivo de los juzgados. Sin embargo, denuncian, hasta la fecha dicha responsabilidad y carácter directivo no ha sido remunerado, constituyendo los funcionarios de la Administración del Estado de mayor rango (nivel A1) con una desigualdad salarial de 1.000 euros con respecto a los de la misma clase como jueces y fiscales.

Desde los convocantes del paro se subraya que el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia “está asistiendo a la negativa obstinada del Ejecutivo en plasmar de forma efectiva la adecuación salarial y la negociación colectiva, algo que, recalcan “por Ley General de Presupuestos se reconoció para el colectivo en diciembre de 2020”, después de una lucha colectiva de más de trece años ante distintos organismos, partidos políticos, gobiernos e instituciones.

En opinión de los huelguistas, “la inactividad del Gobierno, de Hacienda y de la ministra de Justicia no hace sino constatar el cumplimiento parcial e insuficiente del Ejecutivo, sine die, del Real Decreto 11/2020 que aprobó los Presupuestos Generales del Estado del año 2020”, que a su juicio reconoció como deuda pendiente del Estado la de abonar esa adecuación retributiva para todo el colectivo de letrados de la administración de justicia.