En concreto, Sumar presentó una enmienda a la Ley Orgánica de Educación, en el último día de plazo, que presupone la condición de exiliados políticos de los españoles que emigraron durante el franquismo, para impedir que el Tribunal Supremo ponga en duda su derecho al voto, una enmienda sobre la conocida como ‘ley de nietos’.

Tras ello, y tal y como recuerdan los letrados del Congreso en su informe, el 21 de septiembre Vox presentó un escrito en el Registro de Comisiones dirigido a la Mesa de la Comisión de Educación sobre el contenido de la enmienda 63 de Sumar, para pedirle que “acuerde su inadmisión a trámite” porque “excede de forma manifiesta el objeto de la iniciativa original”.

En este sentido, el informe de los letrados subraya que el “tenor literal” de la enmienda de Sumar resulta “incongruente con el objeto y la finalidad del proyecto de ley que pretende enmendar”. “No existe en este sentido el mínimo punto de conexión material que permita plantear alguna duda sobre la falta de homogeneidad entre el objetivo del proyecto de ley y la literalidad y finalidad de la enmienda 63”, añade.

Al mismo tiempo, alerta de que, en caso de que no se respete la “necesidad de congruencia” de la enmienda “podríamos estar ante una situación de vulneración del derecho reconocido en el artículo 23 de la Constitución en su vertiente del derecho a la participación de los parlamentarios en el procedimiento legislativo”.

Esta circunstancia, continúa, debe ser “ponderada y valorada” por la Mesa de la Comisión de Educación “en el momento de decidir o no la admisión a trámite de una enmienda que carezca de congruencia con la iniciativa legislativa”. Es decir, la última palabra la tendrá este organismo.