Las organizaciones firmantes son el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ).

En la carta dirigida al presidente del Gobierno explica que “la huelga indefinida en la que ha desembocado el conflicto laboral con el Ministerio de Justicia tiene un impacto directo en los ciudadanos, en las empresas y en todos los operadores jurídicos al ser imprescindible la intervención de este cuerpo de funcionarios, unos 4.300"”.

Los letrados de justicia aseguran que con el paro se pueden producir suspensiones de juicios y declaraciones que retrasarán los procesos y que se “paralizarán los pagos judiciales a particulares y al Tesoro Público, dado que son ellos los únicos que pueden firmar la disposición de los fondos de la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales.

El conflicto se lleva arrastrando meses. Los letrados reclaman una adecuación salarial a las funciones y responsabilidades crecientes de este colectivo a partir de la entrada en vigor de la ley de 2009 que implantó la nueva oficina judicial.