Los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente establecerán consumos de referencia para los regadíos en cada zona en función de los distintos tipos de cultivo, de tal forma que aquellos regantes que se sitúen por debajo de estos consumos paguen menos por la utilización del agua, y los que superen los baremo preestablecidos sean penalizados.

Tocino destacó la importancia de la ley, que podría ser aprobada por el Parlamento el próximo año, ya que aseguró que permitirá solucionar los problemas de agua que sufre España.

Para conseguir este objetivo, la reforma de la Ley de Aguas no introduce nuevos cánones, mantiene los de ocupación, vertido y regulación y crea una tasa que deberán pagar los usuarios al realizar determinados trámites administrativos, como encargar estudios o solicitar permisos.

Repecto a las críticas que ha recibido el ministerio por parte de quienes le acusan de intentar privatizar el agua, la ministra negó estas afirmaciones y que la nueva normativa provoque un encarecimiento de las tarifas.

AGUAS SUBTERRANEAS

Sin embargo, se cederá a los usuarios el control del régimen de explotación de los acuíferos. A juicio del secretario de Estado de Aguas y Costas, Benigno Blanco, esta fórmula permitirá evitar la sobreexplotación de estos ecosistemas.

Según Blanco, desde que en985 se aprobó la Ley de Aguas, ha aumentado el descontrol sobre los acuíferos, ya que la Administración ha sido incapaz de evitar la apertura de pozos ilegales.

El ministerio sostiene que al involucrar más a los usuarios en la gestión de los recursos subterráneos se introducirán criterios de autocontrol, ya que se potenciará la obligación de medir los consumos.

Por otra parte, el texto crea los "bancos del agua", que pemitirán a la Administración comprar y vender derechos de uso del recurso en caos de sequía y otras circunstancias excepcionales y facilita el procedimiento administrativo para la transferencia de los derechos al uso privativos del agua.

Medio Ambiente niega que estas modificaciones supongan la privatización del agua, ya que la gestión del recurso seguirá recayendo en el Estado, y la especulación, puesto que la Administración controlará los precios en los contratos de cesión del agua.

No obstante, en el caso del agua marina desalada el precio lo establecerá el promotor de l instalación, que podrá ser de titularidad pública o privada.

Finalmente, Tocino aseguró que la reforma de la Ley de Aguas de 1985 refuerza el papel de las confederaciones hidrográficas y regula la colaboración entre los organismo de cuenca y las comunidades autónomas.