Así lo aseguraron a Servimedia fuentes de la negociación después de que estos tres partidos políticos alcanzaran esta tarde un acuerdo para sacar adelante la reforma que las formaciones de Carles Puigdemont y Pere Aragonés exigieron desde las últimas elecciones generales para apoyar la investidura de Pedro Sánchez.

Los tres partidos acuerdan varias modificaciones al texto original que planteó el PSOE y supone la retirada las enmiendas presentadas por los independentistas para que no haya más modificaciones hasta su aprobación final por las Cortes Generales, así como la supresión de las referencias al Código Penal vigente.

El PSOE ha accedido a la petición de sus socios para que la amnistía incluya a “todas las personas involucradas en el proceso independentista” con el propósito político de “cerrar definitivamente una etapa que ha condicionado la vida política catalana y de toda España durante demasiado tiempo” y facilitar “la reconciliación entre los que se enfrentaron durante el proceso independentista”.

Para ello, se extiende el ámbito temporal del proceso independentista a noviembre de 2011, cuando todavía gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero, ya que los tres partidos asumen que entonces se produjeron “algunos elementos previos de dicho proceso”.

Tras el informe de la Comisión de Venecia conocido el pasado viernes, que asumía la decisión política de aprobar una amnistía pero advertía de que podía requerir una reforma de la Constitución española, el nuevo texto pactado por PSOE, Junts y ERC intenta incorporar algunas de sus sugerencias para blindarla jurídicamente y evitar que pueda ser tumbada por los tribunales.

En este sentido, fuentes de la negociación explicaron a Servimedia que, en materia de terrorismo, la amnistía “no incluirá los actos que vulneren tanto la Directiva europea sobre delitos de terrorismo del año 2017 como el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos” y eliminará las referencias al Código Penal vigente.

Respecto a los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional, la amnistía rechazará “cualquiera que haya tenido como resultado una vulneración de los principios de la Carta de Naciones Unidas y de las resoluciones de la Asamblea General sobre las relaciones pacíficas entre países”, lo que implica haber producido “una amenaza o un uso de la fuerza efectivos contra la independencia o la integridad territorial de España”.

También recalca que “en ningún caso pueden ser amnistiados delitos donde haya habido enriquecimiento” personal de las personas implicadas y deja fuera del perdón judicial “los tratos inhumanos y degradantes” en los que, de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, “hayan quebrado la resistencia moral y física de la víctima”.

Finalmente, la amnistía mantiene la exclusión de la devolución de sanciones por parte del Estado, salvo en aquellos casos “menos graves en materia de seguridad ciudadana, que podrán ser devueltas por la administración que las impuso si concurren razones de proporcionalidad y así lo decide” por su cuenta.

Con todos estos cambios, fuentes del PSOE celebraron que así “culmina con éxito una negociación con los requisitos” que marcó Pedro Sánchez para que la norma salga del Congreso de los Diputados “igual que entró: plenamente constitucional y compatible con el derecho de la Unión Europea y el derecho internacional. Y ahora también acorde a los criterios de la Comisión de Venecia”.

Desde el partido de Sánchez y el Gobierno afirmaron que “la ley es impecable desde el punto de vista jurídico, constitucional y europeo, y, después de incorporar los mejores estándares internacionales, podrá ser una referencia para otras leyes de este estilo en todo el mundo”.