La primera de las enmiendas transaccionadas precisa el artículo 2 de la proposición, que pasaría a dejar fuera de la amnistía “los actos tipificados como delitos de terrorismo (…) que hayan consistido en la comisión de alguna de las conductas comprendidas en la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo (…) siempre y cuando, de forma manifiesta y con intención directa, hayan causado violaciones graves de derechos humanos, en particular, las previstas en el artículo 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y en el derecho internacional humanitario”, es decir, la muerte y las torturas.

Fuentes socialistas justificaron su pacto señalando que la enmienda consigue “mantener el terrorismo como delito excluido de la aplicación de la amnistía, homologándose su estructura al resto de exclusiones previstas en la norma, recurriendo además a los parámetros fijados por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, con el fin de ofrecer una referencia clara y de carácter internacional para esta cuestión”.

La segunda modifica el artículo 4 de la proposición y su exposición de motivos, de forma que “tras la entrada en vigor de esta ley”, la amnistía se aplicará por “el órgano judicial que esté conociendo” y “acordará el inmediato alzamiento de cualesquiera medidas cautelares de naturaleza personal o real que hubieran sido adoptadas”. Las dos transacciones se firmaron sobre dos de las enmiendas que había presentado ERC, la 36 y 37, que por lo tanto el Grupo Republicano anunció que retiraba antes de la votación.

En este caso, la justificación del PSOE es que con esta modificación “se otorga mayor claridad y exhaustividad al artículo sobre los efectos de la amnistía en el ámbito penal, con el fin de dotar a este apartado de mayor seguridad jurídica” y “se refuerza además la función jurisdiccional de jueces y magistrados a la hora de aplicar esos efectos especialmente en lo referente al levantamiento de medidas cautelares ante una eventual suspensión del proceso judicial por cualquier causa”. Desde el Ejecutivo dan así por cerrada la ley y prevén que, tras superar todo el trámite parlamentario que aún tiene por delante en el Congreso y en el Senado, se publique el BOE y empiece a aplicarse en abril.

Por el contrario, la Comisión tumbó las enmiendas que presentaron por su cuenta y mantuvieron las dos formaciones independentistas catalanas. De ellas, una fue conjunta de ERC y Junts --que retoman así el diálogo-- y tres cofirmadas por Junts con el PNV. Junts advirtió ya antes de la sesión de hoy de la Comisión de Justicia que mantendrá vivas hasta el debate en el Pleno todas sus enmiendas. La mayoría parlamentaria de la Comisión también rechazó hoy todas las enmiendas que había presentado el PP impugnando todos y cada uno de los artículos de la proposición.

DEBATE

En el debate, la portavoz del PP en la Comisión, María Jesús Moro, dijo que la amnistía no es “una chiquillada más” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sino que está redactada por sus beneficiados, que “someten a una minoría mayoritaria y al conjunto de los españoles a seguir su hoja de ruta”, y aseguró que decir que las enmiendas pactadas hoy mejoran la separación de poderes es “el 'summum' del cinismo”. Según argumentó, supone eliminar al Poder Judicial y abre la puerta a que el Ejecutivo borre en el futuro cualquier delito, siempre que alegue motivaciones políticas.

Una “vergüenza nacional” que, a su juicio, “empeora a cada enmienda que incorpora” y no superaría el filtro de ningún experto que no conociera el contexto político español. “Corrupción en estado puro”, sintetizó, pidiendo suprimir del orden del día las alusiones incluso personales a jueces, a quienes expresó todo el apoyo del PP. “Los españoles no lo olvidarán”, auguró.

En nombre del PSOE, Francisco Aranda confirmó el apoyo de su grupo a las enmiendas transaccionadas y criticó que se haya “llevado al barro” a los servicios jurídicos de la Cámara con el “filibusterismo parlamentario” del PP y Vox, quienes intentaron respectivamente que juristas comparecieran en la Comisión de Justicia sobre la amnistía y que su trámite se detuviera para pedir un pronunciamiento a la Comisión Constitucional. Por lo demás, Aranda insistió en devolver a la política lo que nunca debió salir de ella y en que la Constitución no está en riesgo cuando se mejoran la convivencia y el debate político, mientras que sufre “cuando algunos la abrazan tanto que la asfixian” . E insistió en defender el enfoque del Gobierno frente a quienes a su juicio querrían volver a 2017.

Carlos Flores, de Vox, insistió en que la Constitución no permite aprobar una amnistía, pues se rechazó una enmienda a la misma que sugirió introducirla y se prohíbe algo menor como los indultos generales. Reiteró también que el Tribunal Constitucional tampoco la ha avalado, y preguntó si se está creando un nuevo orden político y repudiando el previo a esta proposición de ley, dado que es a ese tipo de cambios históricos al que se refiere una amnistía. También retó a EH Bildu a explicar por qué su apoyo al Gobierno es “más barato” que el de los independentistas catalanes, dado que no se va a amnistiar a los condenados vascos y con las enmiendas “se van a amnistiar delitos de terrorismo”, aunque no los más graves, y España no puede hacer eso por sus compromisos internacionales.

SUMAR, ERC, BILDU Y PNV

Gerardo Pisarello, de Sumar, denunció la “voracidad punitiva y represiva” de la derecha, que según él “no quiere pasar página” del conflicto catalán, y recordó también el espionaje y fabricación de pruebas contra independentistas desde el Ministerio del Interior bajo el Gobierno de Mariano Rajoy. Igualmente, criticó las actuaciones del juez Manuel García-Castellón en relación a líderes independentistas, a su juicio realizadas “para dinamitar la amnistía” y “hacer descarrilar el Gobierno de coalición” llamando “terrorismo” a meros “desórdenes públicos” como los que hubo durante el 1-O.

Pilar Vallugera, de ERC, partió de que los costes personales para los procesados por el 1-O ya no serán reparados, pero denunció una situación “delirante” a nivel jurídico, que está “banalizando el terrorismo” e “insulta a la inteligencia” equiparar el proceso independentista con él. De ahí la necesidad de las enmiendas para que otros poderes no “torpedeen” la amnistía, si bien es consciente de que no habrá texto que salga del Congreso que pueda garantizar su aplicación de acuerdo con su voluntad. Josep María Cervera, de Junts, recordó que su partido dijo desde el principio que la proposición era “mejorable”, de ahí sus enmiendas, que calificó de “técnicas” para “blindar la ley” y garantizar “una amnistía integral” y “superar la imaginación de algunos jueces” que quieren identificar independentismo con terrorismo. También adelantó que las enmiendas que no fueran transaccionadas las mantendría hasta el Pleno.

Jon Iñarritu, de EH Bildu y Mikel Legarda, del PNV, reiteraron su apoyo a la ley de amnistía remitiéndose a sus argumentos ya expresados en debates anteriores sobre la misma. El primero, además, denunció que la derecha esté empleando “toda su ingeniería jurídica” hasta llegar al “ridículo” para tratar de calificar de terrorismo algo que no tiene nada que ver con él, y sólo “para acabar con el Gobierno”, y anunció su apoyo a las enmiendas pactadas por el PSOE, Sumar y los independentistas. Por último, Martina Velarde, de Podemos, también reiteró el apoyo de su partido a la ley de amnistía, recordando que, a diferencia del PSOE, votó en contra de la aplicación del artículo 155 de la Constitución.