En el transcurso del debate en el seno de la Comisión, en la que también se ratificó la ponencia de dicho proyecto, la portavoz del PSOE, María del Lirio Martín, defendió que, para los socialistas, la presentación de este proyecto de ley “supone un paso de gigante en el progreso de las políticas de defensa de las personas consumidoras y usuarias”.

“Una norma que marca un cambio profundo en la atención a la clientela y que se alinea con las políticas de defensa del consumidor desarrolladas en la Unión Europea”, abundó, convencida de la necesidad de establecer “unos estándares mínimos obligatorios que garantice que no se produzca indefensión de las personas consumidoras y usuarias, que se promueva una atención eficiente e inclusiva, sin olvidarse también de atender de forma proporcional los intereses empresariales”.

En la misma línea, reivindicó que en el texto que llegó del Congreso se “atiende” a las pequeñas empresas y se prevén plazos transitorios para su adaptación y destacó que, en este proyecto de ley, “son atendidas” las necesidades de las personas mayores y las personas con discapacidad, con medidas como la prohibición de la atención exclusiva a través de contestador automático, a las que se unen otras como la respuesta en menos de 3 minutos o la prohibición de las llamadas spam.

Tras puntualizar que esta futura ley “es una norma orientada al progreso, fruto de la escucha y del diálogo” con las asociaciones de consumidores y los grupos empresariales, lamentó que ese diálogo “desgraciadamente no ha tenido lugar en esta cámara”.

“Y fruto de ello es que se va a presentar una ponencia donde únicamente se contempla una visión, que es la visión del Partido Popular y Vox, tal como nos han dejado claro en el estudio de esta ponencia”, denunció, al tiempo que consideró que los parlamentarios del PP “se han convertido en Vox” y les urgió a “diferenciarse de la extrema derecha” porque los españoles les necesitan “por el interés general”.

Por último, se mostró convencida de que, con la norma, el Gobierno quiere “cumplir con una obligación jurídica ineludible para dotar a las personas consumidoras y usuarias de la protección legal que se merecen, que es acorde con las demandas del siglo XXI”.

PP

En este contexto, gracias a su mayoría, el PP logró introducir en la Ponencia sus 51 enmiendas, entre ellas, las relativas al uso de lenguas cooficiales, con el objetivo de que la obligación de prestar atención al cliente en dichas lenguas se restrinja solo a empresas que tengan su sede situada en el territorio de la región en la que la misma tenga carácter oficial, entre otras cuestiones.

En el transcurso del debate en la Comisión, la senadora ‘popular’ Carmen Riolobos afeó que, en la nueva tramitación que se ha hecho en esta legislatura, “se ha cambiado la filosofía de la ley”, razón por la cual el PP introdujo varias enmiendas que aluden, entre otros asuntos, también a la introducción en el texto del concepto de “clientela” para “feminizar” la ley “en contra de lo que dice el texto refundido de toda la vida”.

Junto a ello, también deslizó que se "cambió consumidores vulnerables por personas consumidoras vulnerables" y defendió que "los consumidores no son vulnerables per se, pueden estar en situación de vulnerabilidad, pero eso puede cambiar al año siguiente o al día siguiente”.

En paralelo, abogó por el hecho de que se reclame a la Administración General del Estado y a sus empresas y sociedades las “exigencias muy estrictas y de muchísimo interés para todos los consumidores” que se aplicarán a las empresas, en referencia a la atención en tres minutos, la atención presencial o la atención por una persona y no un contestador.