En la Comisión de Trabajo de este miércoles, los partidos decidieron no incorporar enmiendas al texto, apostando por debatirlas y votarlas en el Pleno del Senado. No obstante, cabe destacar que la norma contó con el ‘sí’ del Congreso gracias a la mayoría de investidura, incluido Junts, pero con el voto en contra del PP y Vox.

No obstante, los ‘populares’ rebajaron después sus críticas y explicaron este miércoles que han presentado 44 enmiendas y destacaron que se trata de mejoras dialogadas con el sector de la economía social que mejoran el texto, frente al “monólogo social” de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

Este texto, promovido desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en diálogo con la patronal del sector Cepes, moderniza y unifica en una sola norma las leyes de Economía Social, Empresas de Inserción y Cooperativas. Esta norma llevaba algún tiempo atascada en el Congreso, ya que el plazo para ampliar enmiendas se amplió en varias ocasiones y se extendió desde noviembre de 2024 hasta junio de 2025. Además, Vox también presentó una enmienda a la totalidad que fue rechazada.

En su exposición de motivos, el texto del proyecto de ley detalla que sus objetivos se alinean con el Plan de Acción Europeo para la Economía Social, que entiende esta como un concepto que no solo va más allá de la creación de puestos de trabajo, sino que también busca incrementar el impacto social de sus organizaciones.

En lo que respecta a las cooperativas, la futura norma se centrará en potenciar su papel tractor en el sector de la Economía Social y prevé la creación de una Comisión de Igualdad para garantizar la conformación y ejecución de los planes de igualdad cooperativos. También se encargará de garantizar el ejercicio de los derechos digitales y la participación telemática de las personas socias.

La segunda pata de esta ley es la adaptación de las empresas de inserción a las nuevas circunstancias económicas y sociales, para sentar las bases comunes para su desarrollo en todo el país, lo que requerirá adecuar la normativa estatal.

Por ejemplo, se revisarán los perfiles de las personas que pueden ser contratadas por las empresas de inserción y se tendrán en cuenta nuevos factores de exclusión adaptados a la actual coyuntura económica, social y laboral.

También se incluye una regulación más detallada de los requisitos de las entidades promotoras de las empresas de inserción y se introducen elementos de flexibilidad normativa para dar estabilidad a las empresas de inserción.

En tercer lugar, se actualizará la norma para adaptar las entidades de la economía social a las nuevas circunstancias socioeconómicas. Esto implicará clarificar las tipologías y el catálogo de entidades que integran la economía social para que se puedan incorporar a nuevas fórmulas asociativas.

Otra de las novedades que incluirá la futura Ley de Economía Social es el aumento del porcentaje de reserva de contratos para centros especiales de empleo de iniciativa social, que pasará del 10% al 15%, en cumplimiento con distintas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y del Supremo.