Según avanzó esta mañana la portavoz abertzale, Mertxe Aizpurua, y luego confirmaron otras fuentes parlamentarias, PSOE y Unidas Podemos transaccionaron con EH Bildu y Más País extender esa condición, hasta ahora sólo acotada a los años 1978-1982, hasta el 31 de diciembre de 1983.

La enmienda transaccional introduce una disposición adicional 16, según la cual "el Gobierno, en el plazo de un año, designará una comisión técnica que elabore un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983, que señale posibles vías de reconocimiento y reparación a las mismas".

La exposición de motivos, en un enunciado también pactado con el grupo vasco, justifica la extensión hasta 1983 señalando que, incluso aprobada la Constitución, "pudieran persistir elementos que ocasionaran supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos".

Además, EH Bildu acordó con los dos partidos del Gobierno tres disposiciones adicionales más, la 15, la 17 y la 18. La primera contempla crear "una comisión técnica que, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley, elabore y presente un estudio que describa el conjunto de medidas de reparación de carácter económico dirigidas a las víctimas de la Guerra y la Dictadura, y reconocidas tanto en la normativa estatal como en la autonómica, para que establezca conclusiones y recomendaciones sobre el grado de cobertura alcanzado y déficits subsanables".

Las otras dos prevén declarar el Fuerte de San Cristóbal en Navarra como Lugar de Memoria y la cesión del Palacio de la Cumbre de Donostia al Ayuntamiento de San Sebastián para "actividades acordes con la finalidad propia de esta ley de recuperación, salvaguarda y difusión de la memoria democrática".

COMISIÓN ESTATAL

Otra transaccional a una enmienda del grupo abertzale contempla que, en el seno del Consejo de la Memoria Democrática, "se constituirá una Comisión de ámbito estatal, de carácter académico, temporal y no judicial, independiente, con la finalidad de contribuir al esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos durante la Guerra y la Dictadura" y "elaborará un informe para sistematizar la información existente sobre las violaciones de derechos humanos" desde 1936 a 1975.

EH Bildu, Más País y el PDeCat acordaron también con el PSOE y Unidas Podemos otra enmienda según la cual "se declara la ilegalidad e ilegitimidad de los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales o administrativos que, a partir del Golpe de Estado de 1936, se hubieran constituido para imponer, por motivos políticos, ideológicos, de conciencia o creencia religiosa, condenas o sanciones de carácter personal", como "el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, el Tribunal de Orden Público, así como los Tribunales de Responsabilidades Políticas y Consejos de Guerra constituidos por motivos políticos".

Aparte de estas modificaciones, Más País ha pactado con los partidos que sustentan el Gobierno incorporar la orientación sexual dentro de las causas de exilio para poder obtener la nacionalidad española para los no nacidos fuera de España de hasta tercera generación. Junto con el PDeCat, ha firmado otra enmienda para declarar ilegal el régimen franquista.

Por su parte, el PDeCat ha logrado que PSOE y UP incluyan la consideración de víctimas del franquismo para "las comunidades, las lenguas y las culturas vasca, catalana y gallega en sus ámbitos territoriales lingüísticos, cuyos hablantes fueron perseguidos por hacer uso de éstas", e introducir el principio de colaboración entre las distintas administraciones, y el respeto a sus respectivas competencias en la exposición de motivos de la ley.

Coalición Canaria, a su vez, ha pactado que el Centro Documental de la Memoria Histórica que se creará en virtud de la norma firmará convenios de colaboración con las entidades autonómicas que trabajen en los mismos objetivos.

ENMIENDAS DEL PSOE Y UNIDAS PODEMOS

Aparte de estas enmiendas introducidas estos últimos días en la ponencia, están las que presentaron conjuntamente en noviembre el PSOE y Unidas Podemos, entre las que destaca la que conmina a los tribunales a aplicar la Ley de Amnistía de acuerdo con el Derecho Internacional y la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, por ejemplo el de torturas.

"Todas las leyes del Estado español, incluida la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el Derecho Internacional Humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables", reza literalmente el artículo 2.3 de la norma.

Además, PSOE y Unidas Podemos aprobaron la creación del citado Centro de la Memoria Democrática, de un censo de víctimas del franquismo y de una oficina de víctimas de la dictadura, garantizar el derecho a la investigación histórica de los crímenes del franquismo y el reconocimiento y reparación de las víctimas de la dictadura y reconocer el derecho al resarcimiento de los bienes incautados y las sanciones económicas impuestas por el franquismo (en este último caso, enmienda transaccionada con PNV y Más País).

Igualmente, PSOE y UP acordaron que los descendientes de los brigadistas internacionales podrán solicitar la nacionalidad española, la supresión de los títulos nobiliarios concedidos a personajes del régimen franquista, la introducción de la memoria histórica en los libros de texto y el currículo escolar, que el Valle de los Caídos vuelva a llamarse simplemente Cuelgamuros.