El Gobierno regional persigue, con esta normativa, que, con carácter general, "todo operador económico establecido legalmente en el territorio nacional pueda desplazarse libremente a la Comunidad para ejercer su actividad sin sujetarse a los requisitos de acceso previstos en la normativa autonómica".

Esta nueva ley busca "acabar con la fragmentación de la unidad de mercado, el exceso de regulación sobre los operadores económicos y las cargas administrativas que suponen un inconveniente para el desarrollo económico".

El Gobierno de Ayuso pretende crear "un marco regulatorio eficiente que simplifique la legislación existente, elimine las regulaciones innecesarias, establezca procedimientos más ágiles y minimice las cargas administrativas".

El consejero de Economía, Empleo y Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, destacó que, con esta ley, se pretende "eliminar las fronteras legislativas que entorpecen el emprendimiento y el acceso a los mercados, es decir que rija en España el principio de libertad de mercado como siempre debería haber sido".

“MERO ARTEFACTO PROPAGANDISTICO”

El diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez consideró esta ley un "mero artefacto propagandístico" y acusó al Gobierno regional de ser "políticamente vagos" y de decidir "dar un hachazo".

La diputada de Unidas Podemos Sol Sánchez dijo que esta ley "no se trata de una nueva legislación" como ha afirmado la Comunidad, y dijo que el verdadero objetivo es "hurtar las competencias estatales".

La diputada del PSOE Pilar Sánchez Acera dijo que es una “mala” ley desde el punto de vista de "la calidad de un texto legislativo". Dijo que, aunque pueden coincidir en que hay que modernizar la economía de Madrid y agilizar determinadas burocracias administrativas, es "verdaderamente una chapuza" y "absolutamente inconcreta".

El diputado de Vox José Luis Ruiz Bartolomé dijo que esta ley es "absolutamente ajustada a derecho".