Así lo avanzó el Ejecutivo madrileño en un comunicado, en el que garantizó que este texto refuerza la “libertad económica” de la región porque la convierte en “la primera y única” comunidad autónoma que permite a sus empresas y autónomas “operar libremente de forma automática, sin tener que solicitar licencias adicionales a las que ya posee en sus lugares de origen”.

Así las cosas, la ley se aplica también a los productos que se comercialicen en el resto de España, que no necesitarán permisos adicionales en territorio madrileño, y recoge el "compromiso" de suprimir regulación propia "en aquellos casos en los que los requisitos de acceso a la actividad sean mayores que los de otras comunidades autónomas".

La norma prometida por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, busca avanzar en la simplificación administrativa, “eliminando barreras y obstáculos innecesarios” que puedan poner en peligro las oportunidades de crecimiento “en consonancia con las recomendaciones de la Comisión Europea”, además de fomentar la inversión, la generación de empleo y la reactivación económica.

La Comunidad de Madrid calcula que el PIB autonómico crecerá en torno a un 1,6% “a medio y largo plazo”, lo que se traduce en una creación de riqueza próxima a 4.000 millones de euros anuales y unos 50.000 nuevos empleos.

Por último, desde el Gobierno madrileño aseguraron que, en el ámbito de sus competencias, promoverá entre las demás comunidades autónomas “la adopción de una normativa similar a esta Ley, en aras a garantizar una verdadera unidad de mercado”.