Esto obligará a las empresas a que su titularidad pueda ser accesible y trazable en el Registro Mercantil, y podrán hacerlo a través de escritura pública ante notario o con un documento privado acompañado de firma electrónica.

Fuentes del Gobierno precisaron que con esta medida se pretende establecer un régimen mucho más público de titularidad y transmisión de las participaciones de las sociedades de titularidad limitada, unos datos que hasta ahora solo constaban en el registro interno de esas sociedades y a los que prácticamente solo se podía acceder por orden judicial.

Además, las empresas que realicen prácticas corruptas verán elevadas de 15 a 20 años sus penas de inhabilitación y de contratar con la Administración.

La futura Ley Orgánica de Integridad Pública engloba todas las fases de la corrupción y contempla medidas como la anterior, enfocada a prevenirla en el ámbito empresarial, pero también en el de la contratación pública y en el de los partidos políticos.

En el caso de la contratación, fuentes del Ejecutivo señalaron que se impulsará una mayor transparencia, más control y más publicidad den la información contractual, y se ampliará la información disponible en la Plataforma de Contratación, para que cuantos más datos se conozcan al respecto, más difícil sea que se produzcan casos de corrupción.

Asimismo, el Gobierno contempla la introducción de herramientas de inteligencia artificial (IA) para detectar patrones anómalos en la contratación.

Para evitar la corrupción en los partidos políticos, la futura norma eleva el umbral de publicidad de donaciones de 25.000 euros a 2.500 euros, tanto para los partidos como para sus fundaciones, y tendrán un mes para publicar esos datos. En el caso de no hacerlo, puede implicar una multa que sea por el doble de la cantidad no declarada.

Los partidos estarán obligados a realizar auditorías externas e independientes de sus cuentas si reciben más de 50.000 euros de fondos públicos. Su resultado deberá presentarse, junto con sus cuentas, ante el Tribunal de Cuentas y, si no cumple, se considerará que sus resultados están incompletos. Además, se reforzará el régimen sancionador.

En cuanto a la contratación que realizan los partidos, cuando una formación política sea poder adjudicador, sus contratos se regirán por la Ley de Contratos del Sector Público.

AGENCIA INDEPENDIENTE DE INTEGRIDAD PÚBLICA

El anteproyecto también contempla la creación de la Agencia Independiente de Integridad Pública, que integrará la Oficina de Conflicto de Intereses, la Autoridad Independiente de Protección al Informante, que además reforzará las medidas de protección, y el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, dependiente de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

Esta Agencia tendrá relación con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF, por sus siglas en inglés). De esta forma, se integrará la defensa de los intereses financieros de la Hacienda Pública con los de la Unión Europea (UE).

Entre sus atribuciones, estará la coordinación de los planes de acción contra la corrupción, los diseños de los mapas de riesgo, la gestión del canal de denuncias, o la gestión del registro de los grupos de interés, y también velará por detectar patrones que alerten sobre corrupción en el Estado o intentos de utilizar al Estado para obtener un beneficio directo.

La Agencia estará acompañada de otras medidas de fortalecimiento institucional para luchar contra la corrupción, enfocadas en dotar de más medios y mejor organización al Poder Judicial y al Ministerio Fiscal, como apuntaron desde el Gobierno.

Por ejemplo, la investigación e instrucción dependerá del Ministerio Fiscal y no del juez, para contar con una estructura más flexible, según lo recogido en el proyecto de ley de Enjuiciamiento Criminal.

También se crearán secciones especializadas en materia de corrupción y se impulsará una formación específica en este campo.

SUBTIPOS AGRAVADOS DE OBSTRUCCIÓN A LA JUSTICIA

Fuentes del Gobierno avanzaron que también se endurecerá el Código Penal y se impulsarán dos nuevos subtipos agravados de obstrucción a la justicia cuando afecten a delitos de corrupción.

Por otro lado, se contemplan cambios en determinados tipos penales que incrementen las consecuencias para particulares o empresas que tengan condenas por corrupción.

Así, los plazos de prescripción de estos delitos pasarán de cinco a siete años, para dar más tiempo a las investigaciones de asuntos complejos.

En lo que respecta a las condenas, las prácticas corruptas tendrán penas de inhabilitación máximas de 20 años, frente a los 15 años actuales.

Otros ejemplos es la extensión máxima de las multas a personas jurídicas a los diez años, con una cuota máxima del 50% de los ingresos o 20.000 euros. El tráfico de influencias será castigado de manera más severa, ya que se tipificará con entre uno y cuatro años de condena y la prohibición de contratar con las administraciones de hasta diez años.

Fuentes gubernamentales también adelantaron que se modificará la Ley General Penitenciaria, de forma que las personas físicas condenadas por corrupción no podrán acceder a beneficios penitenciarios, como el tercer grado, hasta que no hayan devuelto de manera íntegra las cantidades sustraídas del erario público, con intereses incluidos.

RECUPERAR HASTA EL ÚLTIMO EURO

El último objetivo del anteproyecto es la recuperación de hasta el último euro robado, para que corromperse no salga rentable. Fuentes del Ejecutivo apuntaron que decomisar los bienes resulta más disuasorio para la delincuencia organizada que las penas de cárcel, por lo que la norma atacará el beneficio económico de la corrupción.

Para ello, se reforzará el papel de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), que contará con más capacidad de acceso a registros y bases de datos, y se impulsará su cooperación con otras instituciones internacionales.

Desde el Gobierno precisaron que la ORGA no sustituye a los tribunales, sino que los apoya mediante la localización y el seguimiento de los bienes del delito.

También se incorporan figura como el decomiso sin condena o el decomiso de riqueza no justificada, para cuando no puede demostrarse de dónde proceden los bienes ni dónde están insertos.

Los bienes embargados y decomisaros pasarán a ser vendidos de forma inmediata para evitar que pierdan su valor con el tiempo o con el deterioro. El dinero obtenido quedará depositado en la cuenta de la ORGA y destinado a satisfacer responsabilidades civiles.

Todo ello se enmarcará en una futura Estrategia Estatal de Recuperación de Activos.