No obstante, esta propuesta podrá ser renegociada de nuevo antes de ser aprobada definitivamente. Ello ha conducido a que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, haya liderado un comunicado suscrito también por Bélgica, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal, Rumanía y Eslovenia.

En él, se reclama que la futura normativa “realmente suponga una mejora de las condiciones de las personas trabajadoras, otorgando seguridad jurídica y una correcta clasificación de las personas que trabajan en las plataformas, en consonancia con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y otros tribunales nacionales”.

A su llegada al Epsco, en Luxemburgo, Díaz ya avanzó que España se abstendría ante la Directiva, ya que está “fuera de toda lógica” que rebaje las exigencias de la justicia para proteger los derechos de los trabajadores de las plataformas digitales.

La vicepresidenta segunda destacó que la normativa pionera aprobada en España, la conocida como ‘ley Rider’, ya ha blindado la presunción de laboralidad de los repartidores. “Hace diez años, en los años oscuros de la austeridad, quizá nos hubiéramos conformado. Hoy, ante la posibilidad real de transformar Europa, tenemos la capacidad y responsabilidad de exigir más y mejor. Hemos llegado tan lejos como hemos podido con las fuerzas que tenemos. El futuro del trabajo sigue estando en juego”, manifestó Díaz ante el Epsco.

La vicepresidenta se comprometió, además, a seguir trabajando durante la presidencia española del Consejo de la UE, que arranca en julio, para perfilar esta directiva.

LUCHA CONTRA LA DESIGUALDAD

Por otra parte, el Epsco aprobó la propuesta de Díaz de crear un mecanismo para corregir desequilibrios sociales, que es el Marco de Convergencia Social.

Este instrumento, que fue presentado en este mismo Consejo en octubre de 2021 por España y Bélgica, se centra esencialmente en el seguimiento de la situación social y del empleo de los 27 países del bloque y tendrá el mismo valor que otros indicadores económicos, como por ejemplo, el que mide el nivel de endeudamiento.

La incorporación de este nuevo mecanismo al funcionamiento estructural de la UE viene a reforzar el Pilar Europeo de Derechos Sociales, dotando de una dimensión más social a la gestión europea.

“La Unión Europea necesita que los países miembros alcancemos compromisos para mejorar la desigualdad, que es uno de los elementos fundamentales en estos momentos, con la guerra en Ucrania y sobre todo con la afectación que está teniendo en términos de inflación en todos los países”, señaló Díaz este lunes ante los medios. En su opinión, es de sentido común que se identifiquen los desequilibrios sociales con la misma rapidez y eficacia que los desequilibrios económicos. “Esa es la verdadera esencia del proyecto europeo”, recalcó.

Díaz agradeció a todos los países y a la Comisión su apoyo a esta iniciativa, que con toda probabilidad estará ya incorporada en el funcionamiento de la UE en octubre próximo.

Acerca de la Presidencia española del Consejo de la UE, la ministra avanzó asimismo ante sus homólogos europeos los tres temas en torno a los que se desarrollará las prioridades del ministerio que dirige: Diálogo Social, Trabajo Decente y Economía Social. “La Presidencia española de la UE debe servir para demostrarle a los europeos y europeas que hay otra forma de hacer las cosas. En estos últimos años hemos logrado avances que parecían impensables”, detalló la titular de Trabajo y Economía Social.

Por otro lado, el Epsco aprobó la Recomendación sobre el fortalecimiento del diálogo social en la Unión Europea, una propuesta que ha contado con el firme apoyo de España.

Finalmente, la vicepresidenta se reunió durante la jornada de hoy con la ministra danesa de Empleo, Ane Halsboe-Jørgensen, y el ministro de Política Social y Derechos de la Infancia de Malta, Michael Falzon. Ambos encuentros se centraron en avanzar las propuestas de la presidencia española del Consejo de la UE.