Tras cerrarse el período de presentación de enmiendas a la totalidad el pasado miércoles, la reforma que busca agilizar la construcción de vivienda eliminando la paralización de los planes urbanísticos por cuestiones formales encara una nueva fase en la que el PSOE tendrá que tejer apoyos para sacar adelante la norma.

El Gobierno, que ya llegó a comenzar la tramitación parlamentaria del texto en la anterior legislatura, ha trasladado que la modificación responde a una demanda de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Sin embargo, el socio en la coalición, Sumar, ha mostrado sus objeciones al respecto, mientras que Podemos, ERC y Junts han presentado enmienda a la totalidad. Los 19 votos que suman las tres formaciones obligarían al Ejecutivo a buscar el apoyo del PP para sacar adelante la reforma.

APOYO DEL PP

Así, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha trasladado que espera contar con el apoyo de la formación de Alberto Núñez Feijóo. Fuentes del PP trasladan a Servimedia su voluntad de negociar después de no haber presentado una enmienda a la totalidad a la norma.

Esta semana, la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín, señaló que el texto estaba basado en uno aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy, pero criticó que la norma “nace coja” porque olvida la reforma de la Ley de la jurisdicción contenciosa-administrativa. Además, afeó el “poco espíritu de diálogo” del Ejecutivo por no haber “llamado” al PP para negociar la reforma.

A finales de mayo de 2018, el entonces ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, llegó a aprobar un anteproyecto de ley que pretendía limitar a cuatro años el plazo para presentar denuncias contra los planes urbanísticos y dar un plazo de hasta un año y medio para que se subsanasen los errores denunciados mientras se mantenía en vigor el mismo.

Además, en su programa para las pasadas elecciones generales, los populares prometían impulsar una ley de seguridad jurídica en materia de urbanismo que garantizase “la perdurabilidad de los planes urbanísticos cuando se impugnen cuestiones no estructurantes de los mismos”, similar a la que plantea el Gobierno.

CAMBIOS LEGALES

En el texto aprobado en Consejo de Ministros, el Ejecutivo explica que “tanto en España como en otros países europeos" se ha detectado la problemática que plantea la “calificación inflexible de los vicios de los Reglamentos cuando estos se proyectan sobre los instrumentos de ordenación territorial y urbanística”, algo que provoca su “nulidad de pleno derecho por cualquier tipo de vicio procedimental, por insignificante que éste sea”.

Así, afirma que “se cuentan por decenas los instrumentos de ordenación territorial y urbanística que se han anulado y que continúan anulándose”, lo que genera “una amenaza grave para la seguridad jurídica, además de una paralización de la potestad planificadora de las Administraciones públicas que provoca efectos muy negativos sobre los intereses generales”.

La norma pretende tener un “impacto positivo en la economía nacional”, en la medida en que “dota de mayor seguridad jurídica a unos instrumentos de ordenación que resulta clave para el desenvolvimiento de cualquier actividad económica”. Resalta que este impacto es “más importante si cabe en este momento”, pues existe una necesidad de “asegurar el buen fin de los numerosos programas de inversión ya aprobados con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”.

En esta línea, la norma excluirá del silencio negativo a la construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública, destinada al alquiler social, cuando sean promovidas por las Administraciones Públicas, sus entes dependientes o mediante fórmulas de colaboración público-privada.

POTENCIA LA “ESPECULACIÓN”

En su enmienda la totalidad, la formación de Ione Belarra apunta que la norma implica “una eliminación injustificada de trámites y garantías urbanísticas que sólo colabora a potenciar la especulación urbanística”.

Podemos critica, en concreto, como aspectos “más nocivos” la limitación del derecho de los ciudadanos a impugnar proyectos urbanísticos que vulneren la ley, el límite a las “posibilidades de intervención de la administración” en parcelaciones, instalación de casas prefabricadas o talas masivas de vegetación en procesos de urbanización o que la modificación de las normas de reversión “parece articulada ad hoc” para solucionar “problemas concretos” del proyecto Madrid Nuevo Norte.

GOLDEN VISA

Tras anunciar su intención de eliminar los visados de residencia por compra de inmuebles por un valor superior a 500.000 euros, conocidas como ‘Golden visa’, fuentes del Gobierno señalaron que se planteaban llevar a cabo esta modificación a través de una enmienda a la Ley del Suelo.

Dado que esta medida ha sido fuertemente reivindicada por el espacio a la izquierda del PSOE, Podemos y Sumar se verían en la tesitura de tener que apoyar la Ley del Suelo para que la eliminación de las ‘Golden visa’ sea una realidad. En cambio, el PP se vería con el dilema de apoyar una medida que ha calificado como una “cortina de humo”.