Según informaron fuentes gubernamentales, está previsto que el orden del día de la reunión de ministros de mañana recoja este proyecto de ley impulsado por el Ministerio de Igualdad, junto a los Ministerios de Juventud e Infancia y el de Justicia.

Esta norma fue aprobada en primera vuelta por el Consejo de Ministros el pasado 30 de septiembre de 2025 e incluye una definición de este tipo de violencia, la tipificará como delito en el Código Penal, y medidas para evitar casos como el del libro sobre José Bretón, entre otras cosas.

Tras ser aprobada, durante estos pasados meses, la norma ha pasado por la consulta de varios órganos e instituciones como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado, entre otros.

En concreto, el CGPJ en su informe sobre este proyecto de ley abordó una de las cuestiones principales en torno a la norma: la posibilidad de que incluya una "revisión de la privación de la patria potestad" a los padres condenados por violencia de género. También pidió esclarecer cuánto duraría esa retirada de la tutela.

Durante estos meses de preparación de la norma, antes de que vuelva al Consejo de Ministros para su aprobación en segunda vuelta, el Ministerio de Juventud e Infancia se desmarcó en febrero del anteproyecto por falta de entendimiento con el Ministerio de Justicia. Las discrepancias se centraron en varias medidas planteadas por el departamento dirigido por Sira Rego, entre ellas la modificación de la tipificación de la violencia vicaria, el régimen de visitas, la patria potestad y el derecho de escucha de niños y adolescentes.

PROTEGER A LOS MENORES

Las principales reivindicaciones de Juventud e Infancia estaban bajo la premisa -que también defendió Igualdad- de que “un maltratador no puede ser un buen padre”.

Precisamente, en el texto aprobado por el Gobierno en primera vuelta el año pasado ya se incluía una medida relacionada con el régimen de guardia y custodia, estableciendo la obligación de escuchar en todo caso a los hijos menores de edad, así como a los mayores con discapacidad, antes de acordar el régimen de guardia y custodia. Esta medida pretende evitar casos como el del hijo menor de Juana Rivas.

Dicho texto aprobado en primera vuelta también incluía una modificación de la Ley del Poder Judicial, añadiendo una “oferta obligatoria” de formación de los operadores jurídicos, incluyendo la violencia vicaria en las pruebas de ingreso y promoción y en la formación especializada y continua.

Por otro lado, otra de las instituciones que se manifestó sobre la violencia vicaria ha sido el Defensor del Pueblo, que pidió en su Informe anual de actividad 2025 que haya más coordinación efectiva entre administraciones para apoyar a las víctimas de casos de violencia vicaria y reclamó evitar que la fragmentación judicial de conflictos familiares agrave la violencia vicaria.

En caso de que mañana se apruebe este anteproyecto de ley en segunda vuelta por el Consejo de Ministros, se conocerá si hay novedades en la norma y también continuará ya su trámite parlamentario.