De esta manera, el texto se elevará a Pleno el próximo jueves, 27 de abril, para su posterior remisión al Senado y podría ver la luz verde definitivamente antes de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo.

ERC y EH Bildu anunciaron antes del turno de intervenciones la retirada de todas sus enmiendas después del acuerdo alcanzado con el Gobierno. Durante la votación de las enmiendas transaccionales, se aprobaron dos enmiendas del PDeCat, una de Junts y otra de ERC.

En el turno de intervención, el diputado del PSOE Vincent Sarrià defendió la “especial transcendencia histórica” de la norma, que ha requerido un “intenso debate” durante su tramitación. Subrayó que es un "reto difícil" compatibilizar el establecimiento de políticas con la seguridad jurídica de las autoridades que tienen la competencia exclusiva, pero subrayó que existe “respeto” al marco competencial y las críticas a esta cuestión son “infundadas”.

Asimismo, subrayó que la ley encuentra un “equilibrio adecuado” entre el “legítimo derecho de la propiedad” con la “incontestable defensa de la función social de la vivienda” y criticó que el PP quiera “reeditar” fórmulas “neoliberales” en esta materia tras “fracasar estrepitosamente”.

Por su parte, la diputada de Unidas Podemos Pilar Garrido señaló que el texto “cumple la Constitución” ya que “controla los procesos mercantilizadores y especulativos que impiden que las mayorías sociales puedan acceder a una vivienda a un precio asequible. “Es un cambio de paradigma”, señaló Garrido, que criticó que en España se ha hecho “política económica sobre la vivienda”, pero no “políticas públicas de vivienda”. “El acceso a la vivienda nunca ha estado bajo el paraguas del estado del bienestar”, añadió.

La diputada de ERC Pilar Vallugera señaló que esta "no es nuestra ley", pero es un texto que da a la Generalitat “instrumentos para que todo aquello que fue anulado vuelva a ser factible”. No obstante, indicó que la ley “se queda corta” ya que faltan por regular los alquileres de temporada. En cualquier caso, defendió su aprobación, ya que el hecho de que haya gente que pueda optar por este tipo de alquiler para “no cumplir” la ley “no va a ser óbice” para que ésta se apruebe.

Por su parte, el diputado de EH Bildu Oskar Matute reconoció que esta ley ha requerido un “profundo debate ideológico” sobre si prima el “elemento patrimonial” de la vivienda por encima del “derecho”. Matute subrayó que la ley “no gusta” a los fondos de inversión y supone un “paraguas jurídico” que habilite a las autonomías y ayuntamientos a intervenir en materia de vivienda.

PP, VOX Y CIUDADANOS, EN CONTRA

Contra el texto se pronunció la diputada del PP Ana Zurita, quien señaló que la ley es “pura filosofía de la izquierda”, así como un texto “vergonzoso”, “populista” que constituye “un panfleto”, que, aparte de invadir competencias, es un “insulto sangrante a la inteligencia de las personas”.

Zurita aseguró que el PP recurrirá la ley y la derogará cuando llegue al Gobierno porque “no gusta a nadie” y va a generar “efectos indeseados” en forma de retirada de pisos del mercado de alquiler, pocos incentivos para que los propietarios reformen las viviendas y un aumento del fraude fiscal. “No hace falta una ley de vivienda, hace falta construir vivienda”, señaló.

Por su parte, la diputada de Vox Cristina Esteban criticó, en la misma línea, que los controles del alquiler “han demostrado ser ineficaces” y apuntó que el problema de la vivienda ha sido “creado” por las administraciones públicas en manos de gobiernos populares y socialistas. Además, señaló que la ley defiende la “okupación y la inquiokupación” y denunció que el concepto de gran tenedor “vuelve a demonizar” a los propietarios.

En cambio, el diputado de Ciudadanos Juan Ignacio López-Bas destacó lo “inaudito” de la tramitación de la norma y señaló que era “una burla” al proceso legislativo pues el rápido avance de los trámites se ha justificado por la “urgencia” del problema de la vivienda después de 13 meses atascada en el Congreso.

Los representantes del PNV, PDeCat y Coalición Canaria criticaron también la ley por la “invasión” de las competencias de las comunidades autónomas. No obstante, mientras Iñigo Barandiaran (PNV) anunció su abstención para permitir la llegada a Pleno, Ana Oramas (CC) criticó duramente el texto por “legalizar la ocupación”, “dificultar los desahucios” e impedir a los propietarios que suban los alquileres en la misma medida que se incrementan las hipotecas.