Para los doce magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y su presidente, Luis Román Puerta, "las legítimas críticas a las decisiones judiciales no pueden servir de aparente cobertura a tales descalificaciones, que no sólo atentan contra el hoor de las personas, sino, lo que es más grave, contribuyen a deslegitimar la actuación de los tribunales y a condicionar su independencia".

El Pleno de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal decidió también solicitar una reunión con el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo, Javier Delgado, para que "se garantice el correcto funcionamiento de instituciones imprescindibles en un Estado democrático y de Derecho".