Según informó el Ministerio del Interior, una investigación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil descubrió la existencia de dos organizaciones dedicadas a la explotación sexual de mujeres que actuaban de forma independiente, aunque mantenían una colaboración puntual.

Las víctimas eran captadas principalmente en países de América latina aprovechando su precaria situación económica y social, siendo trasladadas posteriormente a España, donde eran sometidas a un férreo control por parte de los integrantes de las organizaciones.

Una vez en España, las mujeres eran alojadas en inmuebles que aparentaban ser viviendas particulares, pero que funcionaban como casas prostíbulo. Allí convivían hacinadas en pequeñas habitaciones, sin intimidad y en condiciones insalubres, permaneciendo disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana para atender los servicios sexuales impuestos por la organización.

Además, la deuda de 7.000 euros que habían contraído con la organización era utilizada como mecanismo de control para impedir que abandonaran la explotación.

Como resultado del operativo se liberó a 15 mujeres, todas ellas de nacionalidad colombiana y venezolana, que se encontraban en una situación de especial vulnerabilidad y se realizaron cuatro entradas y registros en la provincia de Sevilla (Utrera, Gelves, Aznalfarache y Sevilla) donde fueron detenidas 15 personas.

A los detenidos se les considera responsables de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, relativos a la prostitución, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, contra los derechos de los trabajadores y tráfico de drogas.

Además, las pesquisas permitieron el bloqueo de 15 cuentas bancarias con un patrimonio superior a 30.000 euros y de tres inmuebles presuntamente utilizados para canalizar los beneficios obtenidos mediante la actividad delictiva.