Así lo confirmaron desde Greenpeace este sábado. Los activistas quedaron en libertad tras pasar la noche en dependencias policiales. La intención de Greenpeace con esta iniciativa era exigir el cumplimiento del calendario de cierre de las centrales nucleares en España.

En un comunicado, la organización ecologista consideró "completamente desproporcionada" la respuesta policial y judicial, y señaló que busca "castigar y amordazar al mensajero cuando lo que se necesita es firmeza política para hacer frente al chantaje del lobby nuclear".

La directora ejecutiva de Greenpeace España y Portugal, Eva Saldaña, declaró que "la detención durante más de 24 horas, así como la puesta a disposición judicial y la imputación de cargos a personas que defienden pacíficamente un mundo más seguro y libre de energía nuclear es un síntoma alarmante de cómo el poder prefiere criminalizar la protesta antes que enfrentarse a la realidad de un mundo en llamas y a los intereses inmorales del lobby nuclear".

"Nos persiguen por decir en voz alta una verdad incómoda: prorrogar Almaraz sería un enorme error histórico que pone los beneficios corporativos frente al interés general y la protección de la vida en el planeta. La intimidación no nos va a parar, protestar pacíficamente por defender la vida es nuestro derecho y nuestro deber", añadió Saldaña.

La protesta pacífica recordaba al presidente del Gobierno su compromiso con el calendario oficial de cierre del parque nuclear español, que sitúa la clausura de los reactores I y II de Almaraz en 2027 y 2028.

Greenpeace subrayó que el reciente informe técnico del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre una hipotética extensión de vida de la central "no obliga al Ejecutivo" a prolongarla, ya que "la decisión final sigue siendo exclusivamente política".

Para la organización, resulta "paradójico y profundamente injusto" que, en un contexto de emergencia climática y energética, "la respuesta de las instituciones del Estado ante una llamada de atención para defender la transición energética sea la vía penal".

Asimismo Greenpeace denunció una "preocupante escalada judicial y represiva contra el activismo climático" y recordó otros procesos penales que afrontan, como el juicio por la protesta en el puente de Joaquín Costa en Madrid, el de Rebelión Científica por una acción en el Congreso o el inminente juicio por la acción contra la importación de gas fósil en el puerto de Sagunto, donde la fiscalía solicita hasta cinco años de cárcel.