El foro, promovido por la confederación laica de padres CEAPA, presentó un manifiesto alque se han adherido PSOE e Izquierda Unida, cuyos portavoces de Educación se comprometieron hoy a implantar la gratuidad si ganan las elecciones.

El manifiesto señala que el derecho a la la gratuidad de la enseñanza obligatoria consagrado en el artículo 27.4 de la Constitución no será efectivo en España mientras los libros de texto y su material curricular complementario no sean gratis para los alumnos escolarizados en centros sostenidos con fondos públicos.

Las organizaciones firmantes del manifesto se comprometen a trabajar juntas a partir del 12-M, para presionar al nuevo Gobierno y vigilar de manera simultánea la política de becas y desgravaciones fiscales.

Carlos Ladrón de Guevara, presidente de CEAPA, explicó que la plataforma nace de la "decepción" que generó en la comunidad escolar el informe que aprobó el pasado noviembre la subcomisión del Congreso encargada de estudiar la gratuidad de los libros de texto.

Ladrón dijo que ese informe reconoce el derecho a la gratuidad, pero sinun compromiso claro en cuanto a plazo de puesta en marcha ni financiación.

MEDIDA ASUMIBLE

Las organizaciones promotoras de la plataforma también coinciden en que la política de becas y ayudas que ha practicado el PP, y que defiende continuar este partido en su programa electoral, es "totalmente insuficiente".

Clementina Díez de Baldeón, portavoz del PSOE, aseguró que los socialistas aplicarán la gratuidad "en tres o cuatro años" si ganan los próximos comicios.

A su juicio, la gratuidad esuna medida perfectamente asumible por el Estado, cuyo coste cifró en 68.000 millones de pesetas, "sólo un 1,6 por ciento del gasto educativo y muy inferior al 'pelotazo' de los directivos de Telefónica".

El PSOE extrae esos 68.000 millones de calcular 20.000 pesetas para libros por alumno de ESO y 15.000 pesetas para los de Primaria.

Díez de Baldeón afirmó que las ayudas y desgravaciones fiscales que defiende el PP son insuficientes y claramente discriminatorias para las familias con menos ingress, que no hacen la declaración de la renta o no saben acceder a las ayudas previstas.

Antonio Camarero, responsable de Educación de IU, afirmó que la gratuidad debe aprobarse desde el Estado y no por las comunidades autónomas, que ya han recibido las transferencias educativas hechas.