En un escrito remitido a la Cámara Baja, el secretario general de Enseñanza del sindicato, Jesús Larramendi, afirma que es "totalmente inadecuado" que el Congreso aborde esta cuestión con el objetivo de elaborar una normativa que tendría carácter de norma básica y afectaría a todo el Estado.

Para ELA, las comunidades autónomas que constituyen su marco de actuación, País Vasco y Navarra, tienen competencias plenas en materias educativas y presupuestarias (salvo las que se ha reservado el Estado n cuanto a ordenación educativa o títulos), y en concreto sobre la autorización de libros o ayudas al estudio",

"Entendemos que se debe dejar que sean las administraciones educativas con competencias las que arbitren las medidas que en cada caso sean más oportunas para favorecer una auténtica igualdad de oportunidades, renunciando a establecer una legislación obligatoria y uniformadora en todo el Estado", señala el escrito.

Sobre el debate de fondo, la gratuidad de los manuales escolares, el sindcato vasco opina que sería una medida muy díficil de arbitrar y si tuviera un carácter indiscriminado "no tendría ningún efecto redistribuidor dentro de la sociedad".