Arias Cañete declaró, antes de comparecer ante la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados, que la intención del Gobierno es "llevar hasta las últimas consecuencias la argumentación jurídica, con la munición que las comunidades autónomas dan".

Explicó que el Ejecutivo va a consultar a las comunidades autónomas, algunas de las cuales han instado al Gobierno a recurrir, par después acudir "al órgano de conciliación con los argumentos que nos proporcionen las comunidades autonomas".

En este sentido, apuntó que "hay comunidades, como Extremadura y Castilla y León, que están negando la existencia de fraude en su territorio", mientras que "otras admiten el fraude en su territorio, pero no las consecuencias financieras que quiere imputar la Comisión".

Avanzó que si, tras acudir a la conciliación, "la Comisión no da satisfacción a las tesis que vamos a sostener, que no h habido fraude generalizado, sino supuestos concretos que afectan a agricultores determinados, acudiríamos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea".

De este modo, pretende "evitar que todos los agricultores que cultivaron lino correctamente tengan que devolver las ayudas como pretende la Comisión".

A QUIEN PROTEGE

Por su parte, el portavoz de Agricultura del PSOE, Jesús Cuadrado, recalcó que, cuando el Gobierno "no se puede ocultar por ningún lado, ni de ninguna forma, se pretende ahora enrdar con comunidades autónomas, agricultores, responsabilidades de otros".

"Después de cerrar en falso la comisión de investigación", denunció, "siguió existiendo ese fraude" durante la campaña siguiente, que fue "récord" en cultivo y en operaciones fraudulentas.

Por ello, se preguntó "qué tiene que ocultar el Gobiero para actuar como está actuando, a quién quiere proteger. Es cierto que coincide ese enorme fraude con la etapa de Loyola de Palacio como ministra de Agricultura, que hay altos cargosdel Ministerio que participan directamente en esa trama, y que parece que tiene un gran interés el Gobierno en seguir ocultando esa organización del fraude".

"Esto le perjudica al conjunto de la sociedad española, porque la imagen de España ante las autoridades comunitarias está por los suelos en este momento", pues se ha intentado desmontar la investigación sobre el fraude con "argumentos pueriles, que hoy se han puesto en evidencia".

Recalcó que esto ha dado una idea de "falta de eficacia, de rsponsabilidad" de las autoridades españoles, por lo que pidió al Ejecutivo que reconozca su "responsabilidad política" e intente "recomponer la imagen del Estado español en el conjunto de la UE".