Llamazares explicó en rueda de prensa que su grupo parlamentario ha recabado el respaldo del PNV y de parte del Grupo Mixto para poder presentar esa petición, que debe ser calificada por la Mesa del Congreso y, en su caso, incluida en el orden del día del Pleno.

Su intención es que el Congreso investigue la utilización por la CIA de bases militares españolas para las escalas de esos vuelos, "en torno a una decena", y también de aeropuertos civiles, en el caso de "más de un centenar" de vuelos.

Llamazares reiteró que esos vuelos han vulnerado los derechos humanos y el derecho internacional, y si eso no provoca el interés del Parlamento, "no sabemos qué tema lo va a provocar".

Argumentó, además, que sólo el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa han investigado esos vuelos, pero en España la única investigación que se ha hecho, por parte del Gobierno, "deja bastante que desear".

Las informaciones difundidas por los medios de comunicación llevan a Llamazares a concluir que el Gobierno de José María Aznar "autorizó" esos vuelos y el de José Luis Rodríguez Zapatero aplica la política de "ojos que no ven, corazón que no siente".

Denunció, en este sentido, que el Ejecutivo actual ha decidido "lavarse las manos" con este asunto, como si tras la retirada de las tropas de Iraq hubiera querido "demostrar algo" a Estados Unidos, con una especie de "síndrome compensatorio".

Llamazares alertó de que no es suficiente investigar esos vuelos sólo desde el propio ámbito del Ministerio de Asuntos Exteriores, como al parecer ha hecho ese departamento, si no también en Defensa, en Inteligencia Militar, y en el CNI.

Si la autorización de esos vuelos no aparece, sentenció, sólo caben dos posibilidades, "o destrucción u ocultación" de un documento público, lo cual tiene responsabilidades "penales y políticas", y esas últimas deben ser esclarecidas por el Parlamento.