Así se desprende de una nueva investigación de Greenpeace Internacional difundida este jueves, último día de 11 días de negociaciones en el marco de la Tercera Comisión Preparatoria (Premcom 3) del Tratado Global de los Océanos, en vigor desde el pasado 17 de enero.

Esas reuniones se celebran en la sede de la ONU en Nueva York (Estados Unidos), con vistas a la primera Conferencia de las Partes (COP) sobre los océanos, prevista para enero de 2027.

Ese tratado pretende declarar área protegida un 30% de la superficie de alta mar antes de 2030. Se trata de un instrumento global jurídicamente vinculable que persigue proteger la biodiversidad en alta mar, es decir, en aguas más allá de 200 millas náuticas (límite de las aguas de jurisdicción nacional).

“INDIGNANTE”

El informe indica que las “opacas” entidades que gestionan la pesca en alta mar, denominadas Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP), están compuestas por representantes gubernamentales que tienen intereses comerciales en la pesca.

La investigación, centrada en reuniones clave de ocho de estas organizaciones mantenidas durante los últimos cinco años en todo el mundo, revela que el lobby pesquero representa, de media, entre un 28% y un 29% de los delegados que asisten a esas negociaciones internacionales.

En algunas reuniones rondaron entre un 23% y un 27%, en otras alcanzaron entre un 30% y un 35%, y en la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) se llegó incluso a un 44,2% en 2021.

El informe desvela un “sistema amañado” donde los intereses particulares de la pesca industrial se anteponen a las medidas de conservación y gestión sostenible de los recursos pesqueros en aguas internacionales, así como para la gestión de especies altamente migratorias.

“OPORTUNIDAD HISTÓRICA”

Greenpeace advierte de que este escenario no debe comprometer la integridad de la puesta en marcha del Tratado Global de los Océanos o Tratado de Alta Mar.

“Es indignante confirmar hasta qué punto la industria pesquera está integrada en las mismas organizaciones que deben regular y gestionar la pesca. Actualmente, los zorros cuidan del gallinero: el sistema está amañado contra la protección del océano”, según Lukas Meus, responsable de la campaña de Océanos de Greenpeace.

Meus lamentó que “se ha permitido que la industria pesquera dicte las reglas del juego durante décadas” y señaló que “los gobiernos deben dejar de ceder a la presión del sector y de permitir que sus intereses prevalezcan sobre la conservación marina”.

“Con el Tratado Global de los Océanos, tenemos ahora la oportunidad histórica de acordonar grandes áreas del océano para impulsar su recuperación. No podemos permitir que los efectos de décadas de lobby interfieran en esto”, añadió.

Meus propuso un límite de tiempo para que las organizaciones que gestionan la pesca aporten sus comentarios a las propuestas de santuarios, lo que “evitaría que los intereses creados estanquen la protección del océano y la bloqueen con retrasos”.

Las vías que la industria pesquera usa para ejercer su influencia son abundantes. Al participar dentro de las estructuras de las delegaciones gubernamentales y los comités técnicos, tienen un acceso sin restricciones a las negociaciones y procesos que configuran los resultados de conservación de los océanos.

Las delegaciones alineadas con la industria despliegan regularmente tácticas para retrasar y limitar las medidas de protección que podrían restringir la agenda del sector pesquero, según Greenpeace.