El trabajo es una iniciativa de la Coalición por la Responsabilidad Corporativa (CORE en sus siglas inglesas), y analiza los obstáculos sociales, económicos y jurídicos que muchos ciudadanos de países pobres encuentran a la hora de denunciar los posibles abusos cometidos por multinacionales.

Entre los responsables de dichas dificultades señala en primer lugar a losgobiernos de los países donde actúan estas compañías, "ya que su deseo de atraer inversiones extranjeras les lleva a disminuir la protección de sus ciudadanos", denuncia el estudio.

"Las víctimas de abusosse ven así presionadas parano denunciar",señalan el estudio, yañade que "muchos de los que sí quieren hacerlo son disuadidos" por la falta de confianza en la justicia y las dificultades económicas".

Así los resposanbles de CORE señalan la necesidad de crear una nueva comisión sobre empresas, Derechos Humanos y Medioambiente dentro del Parlamento Británico que avance en este terreno.

Entre otros cometidos, el nuevo organismo se encargaría defijar estándares y consejos para que las compañías que operan en el extranjero sepan a qué atenerse y actuaría como un foro donde resolver las denuncias de posibles infracciones.

La investigación, que lleva por título "Realidad de los derechos: barreras para acceder a indemnizaciones cuando se opera fuera de las fronteras", recoge ejemplos de Kenia, India, Bangladesh, Georgia y Nigeria.