En la citada reunión se acordó también que España sea la sede de la XXVIII Conferencia, que se celebrará en Canarias, en otoño de 2007. López Aguilar realizó esta propuesta, a comienzos de 2006, al secretario general del Consejo de Europa, Tierry Davis, y hoy ha sido aceptada.

El ministro participó en la XXVII Conferencia con una intervención sobre el papel que los estados miembros deben reservar a las víctimas del delito en su sistema de justicia penal. López Aguilar animó a sus homólogos europeos a esforzarse para que la víctima del delito reciba un trato digno y pueda, a la vez, ejercitar en las causas sus derechos e intereses legítimos.

Durante su intervención, el ministro expuso la experiencia española derivada de la entrada en vigor de Ley Integral de Violencia de Género, aprobada en 2004. En este sentido, animó a sus homólogos europeos a trabajar conjuntamente para mejorar el funcionamiento de la administración de Justicia en el tratamiento a las víctimas de violencia de género.

En cuanto a las posibles soluciones, apuntó la creación de oficinas especializadas de atención a las víctimas de violencia de género, donde las mujeres puedan acceder a un asesoramiento lo más cercano posible.

Asimismo, propuso la elaboración de protocolos institucionales de carácter interno que permitan el abordaje concreto de los casos de violencia de una forma más eficaz.

En su discurso, el titular de Justicia español abogó por la elaboración de protocolos de actuación específicos para las distintas instituciones encargadas de la atención a las víctimas (policías judiciales, médicos o peritos forenses, personal de administración, ministerios fiscales, etc.). Todo ello sin perder de vista que lo importante y lo más urgente es cumplir con la obligación de dar atención primaria a la víctima.

En relación a la lucha contra el terrorismo, el ministro repasó las medidas adoptadas por España en la asistencia y ayuda a las víctimas de terrorismo desde 1979 hasta la actualidad. En este contexto, el ministro señaló que, entre el 1 de diciembre de 2004 y el 1 de diciembre de 2005, el Gobierno español reconoció indemnizaciones a 967 víctimas del terrorismo, que han recibido un total de 21,6 millones de euros.