“Demos un mensaje de estabilidad y certidumbre a la Función Pública de este país, recuperamos el poder adquisitivo de quienes están en las buenas y en las malas, cuidemos a quienes cuidan de nosotros. Esto no va de aumentar nóminas, esto va de reconocer la dignidad de nuestros servidores públicos”, expresó el ministro en su defensa del texto.

López instó a la Cámara a respaldar un decreto que nace de “un consenso social evidente”, ya que el Gobierno pactó este acuerdo con CCOO, UGT y CSIF.

El ministro apuntó que el texto acordado no sólo contempla subidas salariales, sino también una optimización del talento público y un mejor servicio a la ciudadanía.

El real decreto-ley recoge la subida salarial de los empleados públicos para 2025 y 2026, que sumará un incremento del 4% en sus nóminas a partir de enero y tendrán pendiente un 0,5% si la variación del IPC en 2026 es igual o superior al 1,5%. Ese medio punto de subida se abonaría en el primer trimestre de 2027.

Esos incrementos forman parte del Acuerdo Marco alcanzado a finales de noviembre entre el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, UGT y CSIF, y al que se incorporó a comienzos de diciembre CCOO.

El Gobierno y los sindicatos pactaron un aumento retributivo del 11% para el periodo 2025-2028, que puede llegar al 11,4% por el efecto arrastre. Además de cuestiones salariales, el texto también contempla asuntos laborales y de servicio a la ciudadanía.

La subida en las nóminas abarca desde 2025 porque los empleados públicos han estado todo este ejercicio sin saber el incremento que les correspondía, ya que el anterior pacto salarial, incluido en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, expiró el 31 de diciembre de 2024.

APOYOS CON AVISOS

La gran parte de los grupos parlamentarios que tomaron la palabra durante el turno de fijación de posiciones manifestó su apoyo a la convalidación del real decreto, aunque expresaron cierta disconformidad con algunos elementos.

El diputado del BNG, Néstor Rego, aseguró que su grupo no va a votar en contra, pero precisó que el texto no les convence “y tampoco a la mayoría de los trabajadores”.

Además, lamentó que durante las negociaciones se dejara fuera a sindicatos con presencia regional, una queja a la que también se sumaron EH Bildu, PNV o ERC.

Podemos también trasladó a López su voto favorable, pero recordó que existen “900.000 trabajadores interinos y en situación de abuso de temporalidad a los que no se les está aplicando la legislación europea”.

“No podemos olvidarnos de ellos. Está muy bien que aprobemos estas retribuciones, pero los interinos también son personal público y su estabilización depende de los grupos que estamos aquí”, apuntó la diputada Martina Velarde, de la formación morada.

Desde el PNV, la diputada Idoia Sagastizabal confirmó que su grupo “no va a bloquear” la subida salarial para los trabajadores públicos, pero la consideró “insuficiente”.

Asimismo, avisó al Gobierno de que sigue teniendo “tareas pendientes” con su grupo y no aceptarán “un segundo retraso” porque “la palabra dada obliga”.

Sagastizabal también pidió “coherencia salarial” en el sector privado, sobre todo entre aquellas empresas que generan beneficios y “deben contribuir también a que llegue a los salarios”.

Bildu también coincidió en que el incremento pactado “es justo y merecido”, pero “no oculta ni eclipsa” que los empleados públicos perdieron poder adquisitivo entre 2022 y 2024.

“Vamos a votar a favor. No queremos penalizar a ni uno solo de los funcionarios que desempeñan su función en las administraciones del Estado español”, afirmó el diputado Óskar Matute.

No obstante, advirtió al Gobierno de que no se puede hacer una “lectura única del Estado español”, con un acuerdo basado en “unificación” y que olvida cuestiones territoriales, como la tasa de temporalidad pública del 42% que sufren País Vasco y Navarra, “a la que no se da respuesta con un acuerdo marco general”.

El Gobierno también contará en la convalidación del decreto con el voto favorable de ERC, que respaldará “cualquier beneficio a favor de los sueldos públicos”.

Al igual que podemos, la diputada de ERC Pilar Vallugera se acordó de los interinos e instó al Gobierno a “ir encontrando soluciones” para ellos sin necesidad de esperar a conocer la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

ERC también pidió al Ejecutivo que arregle “urgentemente” el “error que se hizo con los contratos de relevo” y que ha dejado paradas las jubilaciones de muchos trabajadores públicos.

El PSOE se aseguró también el voto de sus socios de coalición, Sumar. La diputada Engracia Rivera defendió que es “hora de que se reconozca esa sobrecargar y esas pérdidas que han padecido” los empleados públicos, pero avisó al Gobierno de que las mejoras salariales no pueden ser “una moneda de cambio”, sino “un reconocimiento estable al valor de lo público”.

En representación del PSOE, el diputado José Luis Aceves resaltó que la subida retributiva fue posible “con la voluntad del Gobierno y el acuerdo con los sindicatos”, y España se lo puede permitir por el “ciclo virtuoso” de su economía.

Por su parte, el PP reiteró su “compromiso firme con la recuperación del poder adquisitivo, la estabilidad en el empleo y procesos selectivos ágiles” y les prometió a los empleados públicos que “el Gobierno del PP va a dedicar a ello todo su tiempo”.

Así se pronunció el diputado Ángel Ibáñez, que reprochó al Gobierno que el real decreto llegue “tarde, mal y sin diálogo con el resto de las administraciones”.

Durante su intervención también responsabilizó al Ejecutivo de nombrar directores generales políticos en lugar de funcionarios y de crear “plazas ficticias”, en alusión al hermano del presidente, Pedro Sánchez, o a las mujeres relacionadas con el exministro José Luis Ábalos.

RECHAZO DE VOX

El diputado de Voz Pablo Sáez acusó al Gobierno de dejar “para final de año la subida de los empleados públicos”, y presentarlo como una medida “extraordinaria y urgente” cuando el Ejecutivo no es capaz de presentar a la Cámara unos Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Además, responsabilizó a los socialistas de mermar el poder adquisitivo de los empleados públicos con los recortes de 2010. Para Sáez, la subida pactada para 2025 no revertirá esa situación ni tampoco la situación de este año, “ya que la media de inflación parece que va a superar el 2,5%”, cifra en la que se incrementarán los salarios.

“Este Gobierno propone una subida 1,5% para 2026 más 0,5% adicional, cuando el techo de gasto aumenta un 8,5%”, agregó el diputado de Vox, en alusión al techo de gasto presentado por Hacienda para los PGE 2026.

Sáez urgió al Gobierno que aprueben los PGE y tengan “claras las prioridades de gasto”, con retribuciones “dignas” a los empleados públicos y reducciones del “gasto superfluo e innecesario”.

EFECTIVIDAD DEL INCREMENTO

El texto del real decreto-ley estable que serán las Administraciones públicas las que establecerán el calendario de abono de los importes y atrasos correspondientes al ejercicio 2025, en función de la negociación sindical en cada ámbito. El atraso de 2025 podrá distribuirse entre 2026, 2027 y 2028 o bien hacerse efectivo en el mes de diciembre de 2025.

López aseguró durante su exposición que el Gobierno de España “cumplirá inmediatamente” con los trabajadores públicos Administración General del Estado (AGE) y hará efectiva la subida de 2025, para arrancar 2026 con “la subida del 1,5% consolidada”.

Por tanto, trabajadores públicos de la AGE tendrán en sus nóminas de noviembre esa subida del 2,5%, que se abonará en una sola paga como atrasos desde enero. Este pago adicional y único beneficia a 540.000 efectivos del sector público estatal.

“Estas Navidades, medio millón de familia va a recibir una merecida extra. No solo ellos, estamos en permanente diálogo con comunidades autónomas y ayuntamientos que también lo harán”, agregó.

El acuerdo salarial contempla un alza del 4,5% para 2027 y del 2% para 2028. De esta forma, los sueldos de los empleados públicos podrían revalorizarse hasta un 11,4% por el efecto arrastre en 2028.