“Queremos seguir construyendo una Administración del siglo XXI que dé a la gente servicios públicos de calidad y a la altura. Con el voto de hoy, todos seremos responsables”, dijo en la defensa del real decreto que contiene estas medidas.

El Gobierno aprobó este real decreto-ley de medidas urgentes en materia de jubilación parcial anticipada del personal laboral de las administraciones públicas el pasado 29 de junio. Con esta medida, se busca solucionar con carácter permanente esa modalidad de retiro.

Este tipo de jubilación permite a los trabajadores a tiempo completo que no hayan alcanzado la edad ordinaria de jubilación acceder a ella de forma parcial y anticipada siempre que, con carácter simultáneo, se celebre un contrato de relevo.

Además, deben cumplirse los siguientes requisitos: retirarse tres años antes de la edad de jubilación; acreditar un periodo de cotización de 33 años; tener una antigüedad en la empresa de seis años inmediatamente anteriores a la fecha de la jubilación parcial; que la reducción de su jornada de trabajo sea entre el 25% y el 75% y, si se anticipa en más de dos años, la reducción de jornada del primer año será entre el 20-33%.

Por tanto, el empleado personal laboral podrá reducir la jornada laboral recibiendo la parte proporcional del salario por el tiempo de trabajo que sigue desempeñando y por el resto recibirá proporcionalmente la pensión.

El personal laboral de las administraciones públicas ya disponía de un mecanismo para optar a la jubilación parcial anticipada, pero con la entrada en vigor el 1 de abril de 2025 del Real Decreto Ley de Seguridad Social se establecieron los nuevos requisitos de la jubilación parcial para los asalariados y, por tanto, para el personal laboral de las administraciones públicas.

La oferta de empleo público de 2026 en la Administración del Estado ya ha incluido 854 plazas para la contratación de personal relevista fijo. La contratación del personal relevista fijo se regirá por las reglas de acceso al empleo público.

López recalcó que el Estado debe ofrecer “soluciones prácticas” mientras se sigue “transformando la Administración Pública”. Asimismo, el ministro para la Función Pública se refirió al complemento de insularidad para los trabajadores de la Administración General del Estado (AGE) en Baleares, donde existe “un problema” que el Gobierno está “en condiciones de resolver”. “Miles de empleados públicos están esperando un balón de oxígeno a la Administración”, recalcó.

El ministro reconoció que la Función Pública tiene que ofrecer condiciones atractivas a los trabajadores, al igual que existe en el sector privado, para poder atraer y retener el talento. El objetivo de este complemento para Baleares es habilitar un proceso de revisión de las cuantías de la indemnización por residencia del personal del sector público estatal destinado en Baleares.

El Gobierno revisará en el plazo de seis meses dichas cuantías y, previa negociación colectiva, aprobará la modificación de las cuantías vigentes para adaptarlas a la situación actual. La actualización no podrá suponer una minoración de las cantidades que actualmente se abonan por este concepto.

FIJACIÓN DE POSICIONES

El diputado del PSOE José Luis Aceves expresó el respaldo de su grupo y se preguntó “quién está en contra de dar seguridad jurídica a un derecho laboral”, como la jubilación parcial anticipada para el personal laboral o de la indemnización por residencia para los funcionarios de Baleares.

La diputada de Coalición Canarias Cristina Valido también manifestó el voto favorable de su grupo y apuntó que “es una necesidad y es de justicia” que los trabajadores públicos tengan las mismas condiciones que los de la empresa privada.

PNV, Bildu y ERC confirmaron su voto a favor, al igual que Sumar, que vio en este decreto “la recuperación práctica y real de un derecho” para los trabajadores públicos, como dijo la diputada Engracia Rivera.

El diputado del PP Ángel Ibáñez se refirió a este real decreto como “una avería normativa provocada por el propio Gobierno” y advirtió al Ejecutivo de que la Función Pública española necesita “planificación, estabilidad, seguridad jurídica y una verdadera estrategia de relevo generacional”.

“Los servidores públicos de este país necesitan que esto se tome como una política de estado”, puntualizó Ibáñez.

En una línea similar, se expresó el diputado de Vox Emilio del Valle, que ve en el decreto de la jubilación parcial “una chapucilla para tapar la chapuza anterior de la reforma laboral”.

“Mi grupo parlamentario se va a oponer a todo lo que traiga este Gobierno. No se le puede dar más oxígeno”, reiteró Del Valle, y pidió al PP que hiciera lo mismo

Por su parte, Podemos reiteró su rechazo y acusó al Gobierno de vulnerar los derechos laborales de los trabajadores. “La Administración Pública, garante de derechos laborales, se ha convertido en nuestro país en el peor empresario usurero”, denunció la portavoz del grupo, Ione Belarra.

Podemos aseguró que están “deseando votar a favor”, pero solo va a participar “si se resuelve la temporalidad” en la Función Pública.