En declaraciones a Servimedia, Benítez señaló que la decisión de Garzón reafirma los principios de derecho internacional y recordó que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y su investigación es responsabilidad de la comunidad internacional.

Por esta razón, Benítez argumentó que cualquier tribunl puede investigar el caso de los desaparecidos en Argentina, tal y como ha hecho Garzón.

Sin embargo, Benítez denunció que al buen hacer de Garzón y de Manuel García-Castellón, que investiga la desparición de ciudadanos en la dictadura chilena, se opone una política orquestada por el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, para "obstaculizar y frenar" este tipo de procedimientos.